La cita electoral en Andalucía convoca a 6,8 millones de personas y se celebra el 17 de mayo, con un mapa partidista en el que, pese a la presencia de 27 candidaturas, los sondeos sitúan a PP, PSOE y Vox como protagonistas al concentrar más del 80% de la intención de voto.
Esa concentración convive con un contexto regional en el que los electores priorizan lo local: según sondeos previos, el 63,4% asegura que los asuntos propios de Andalucía serán determinantes en su decisión, frente a un 13,9% que subraya la importancia de la agenda nacional.
La dimensión demográfica y el cálculo de escaños (61 para el Congreso) convierten estos comicios en un termómetro con proyección estatal de cara a los comicios generales, cuya fecha tope es finales de 2027.
El escenario autonómico presenta una doble lectura: por un lado, la persistente fragmentación política —con más de una decena de candidaturas pujando en cada provincia— y, por otro, la posibilidad real de que el actual presidente en funciones, Juanma Moreno (PP), reedite su mandato.
Moreno aspira a conservar o ampliar una mayoría que le permita un tercer periodo, apoyándose en los resultados económicos recientes de la comunidad y en una trayectoria política que le llevó a convertirse en 2019 en el primer jefe de la Junta no socialista tras un acuerdo con Ciudadanos y el apoyo de Vox.
Economía regional y propuestas fiscales
Andalucía ha mostrado en los últimos años un comportamiento económico destacado: su PIB ha crecido un 12,9% desde 2018, frente al 12,3% de la media española, un dato que el Gobierno autonómico utiliza para justificar su hoja de ruta. Desde 2019 se han aplicado siete grandes reducciones fiscales que, según el equipo de Moreno, han impulsado la actividad. En este contexto, la campaña se articula alrededor de fórmulas tributarias: el PP plantea nuevas rebajas en el IRPF y la supresión de Patrimonio cuando desaparezca el impuesto estatal a grandes fortunas, mientras que el PSOE apuesta por una fiscalidad progresiva sobre grandes patrimonios para financiar políticas sociales. Vox tira de un discurso de reducción radical de impuestos y desburocratización para «activar» la economía andaluza.
Medidas clave por partido
El programa del PP anuncia bajadas generales y selectivas del IRPF, incentivos a la eficiencia energética mediante deducciones y bonificaciones fiscales para emprendedores y autónomos, además de bonificaciones en Sucesiones y Donaciones relacionadas con la vivienda. IRPF aparece como instrumento central de estímulo. El PSOE propone reformar el tramo autonómico del IRPF para mayor progresividad, gravar patrimonios elevados y destinar esos recursos a iniciativas como una Herencia Universal Andaluza o una Renta Joven de Transición, e incluye medidas coyunturales como un cheque de hasta 350 euros frente a los efectos de la guerra en Irán. Vox plantea un único tramo nacional y reducciones agresivas, con un mínimo exento de 22.000 euros y tipos del 15% y 25% en tramos sucesivos, además de mayores deducciones por hijos.
Vivienda y sanidad: propuestas y tensiones
La vivienda es otro eje decisivo. El PP combina incentivos fiscales para compradores y rehabilitación con un plan constructivo que promete más de 20.000 viviendas asequibles y la rehabilitación de unos 22.000 inmuebles, junto a ayudas al alquiler para jóvenes y familias. Vox plantea reducir el tipo del AJD del 1,2% al 0,5% y bonificar al 100% el ITP en la compra de vivienda habitual, además de priorizar la «nacionalidad» en el acceso a ayudas y liberar suelo público. El PSOE apuesta por una mayor intervención del mercado, aumentar la vivienda pública hasta alcanzar el 1% del PIB y medidas para penalizar la vivienda vacía y contener los precios del alquiler.
En sanidad, la tensión discursiva es intensa: la candidata socialista, María Jesús Montero, describe una situación crítica y reclama un rescate con 3.000 millones adicionales y la contratación de 18.000 profesionales; es una apuesta por la restauración del sistema público. El PP reivindica una inversión continuada y la incorporación previa de 30.000 profesionales, y propone una modernización estructural mediante una nueva Ley de Salud de Andalucía que adapte el sistema a retos tecnológicos y demográficos. Vox, por su parte, defiende un modelo sanitario más centralizado y coordinado desde el Estado para eliminar «diferencias injustas» entre comunidades autónomas.
Qué está en juego y lectura nacional
Más allá del reparto autonómico de poder, Andalucía actúa como barómetro con peso en la arena nacional: en diez de las catorce elecciones generales de la democracia, el partido que obtuvo más diputados en la comunidad terminó gobernando España. El resultado del 17 de mayo no solo definirá políticas regionales sobre fiscalidad, vivienda y sanidad, sino que también condicionará el relato político nacional de cara a los comicios generales. Con candidaturas fragmentadas, promesas fiscales contundentes y demandas sociales intensas, la campaña andaluza concentra debates que trascenderán los límites autonómicos.