La discusión sobre inteligencia artificial, datos y poder corporativo ha cambiado de tono: ya no se trata solo de innovación sino de quién controla el conocimiento que guía decisiones públicas y privadas. La investigadora Cecilia Rikap, vinculada a la Universitat de Barcelona y a la University College London, acuña el concepto de monopolio intelectual para describir a aquellas empresas que no solo generan tecnología, sino que dominan la ciencia, los datos y las redes de colaboración que permiten recombinar saberes a escala global.
Este fenómeno plantea preguntas sobre la soberanía digital, la capacidad del Estado y la salud de las democracias ante una concentración extrema de recursos cognitivos.
En su diagnóstico, los gigantes tecnológicos no se limitan a producir internamente: externalizan procesos y configuran cadenas de valor donde universidades, centros públicos de investigación y start-ups aportan piezas del rompecabezas; las grandes empresas, en cambio, disponen de la estructura para recomponer ese rompecabezas a su conveniencia.
Por eso, la problemática no es simplemente la propiedad formal del dato o la plataforma: es el control estratégico sobre quién decide qué conocimiento se hace público, qué se libera como software abierto y qué queda como ventaja competitiva. Ese control restringe la generación de nuevo conocimiento y condiciona opciones sociales y políticas.
Centro, semicentro y periferia: una geografía del poder tecnológico
Rikap traza una cartografía económica donde al centro están las empresas estadounidenses y chinas que concentran infraestructura, talento y capital; en un semicentro aparecen multinacionales especializadas que dependen de servicios en la nube y canales de venta dominados por las primeras; en la periferia se hallan actores que pierden capacidad de decisión sobre sus propias cadenas de valor. Europa, pese a contar con empresas relevantes en industrias concretas, tiende a configurarse como satélite: muchos organismos públicos y centros de investigación terminan produciendo conocimiento que nutre un ecosistema dominado por actores foráneos, lo que agrava la dependencia tecnológica y limita la autonomía estratégica del continente.
Estado, mercado y coaliciones público-privadas
La relación entre gobiernos y grandes tecnológicas es ambivalente: por un lado, los Estados necesitan capacidades técnicas que hoy proveen estas empresas; por otro, su influencia sobre políticas y decisiones públicas transforma a esas corporaciones en actores geopolíticos. Rikap destaca que las entradas estatales en empresas clave —sea por rescates o inversiones estratégicas— reconfiguran alianzas y evidencian que la frontera entre interés público y privado se vuelve difusa. Además, la cooperación entre el poder político y la industria tecnológica no siempre es armoniosa, pero suele sostener coaliciones que trascienden administraciones y condicionan regulaciones.
Proteccionismo, tecnonacionalismo y alternativas
Frente a la captura de conocimiento, la respuesta fácil sería levantar barreras: sin embargo, Rikap advierte que el tecnonacionalismo no es la solución. Empresas europeas como SAP o Siemens pueden actuar como satélites dentro de cadenas controladas por gigantes foráneos; la nacionalidad de la firma no garantiza autonomía ni respeto por el bien público. En lugar de apostar por unos pocos ganadores locales, la propuesta es reflexionar sobre qué tecnologías queremos y cómo gobernarlas: una política que priorice la soberanía digital debe incluir debate sobre quién produce tecnología, con qué fines y cómo se incorporan la educación, la salud y la emergencia climática en esa agenda.
Riesgos sociales y oportunidades políticas
Entre las amenazas más relevantes para la economía europea Rikap señala el debilitamiento del estado de bienestar, que puede acelerarse si gana terreno la ultraderecha y se abandonan redes públicas de protección social. Ese retroceso social coincide con la concentración tecnológica, que puede aumentar desigualdades y reducir capacidad de respuesta frente a crisis ecológicas o sanitarias. No obstante, existe una ventana de oportunidad: el reconocimiento público de la dependencia frente a EEUU y China puede impulsar una discusión estratégica sobre modelos tecnológicos compatibles con valores europeos, priorizando la democracia, la dignidad y la resiliencia social sobre la carrera por maximizar productividad a cualquier costo.
Medidas prácticas y debates pendientes
Entre las medidas que emergen del debate: auditar algoritmos para mitigar efectos adictivos y discriminatorios, fortalecer nubes públicas para servicios críticos y diseñar políticas industriales que no reproduzcan la dependencia. Rikap participó como asesora en la estrategia digital de Brasil, donde la intención de evitar dependencia de proveedores extranjeros se reveló compleja; casos así muestran que la solución requiere más que voluntad: demanda capacidades públicas, cooperaciones internacionales y claridad sobre qué se protege y por qué. En marzo publica su nuevo libro, Teoría de la Dependencia Digital, donde amplía estas propuestas y llama a un debate político profundo que privilegie la democracia frente a modelos autoritarios.
En síntesis, la captación del conocimiento por parte de las Big Tech plantea desafíos técnicos, económicos y éticos. No basta con regular: es necesario construir opciones de soberanía digital que vinculen tecnología con políticas sociales y ambientales. Europa dispone de recursos —un mercado interno relevante y logros históricos en derechos sociales—, pero para aprovecharlos requerirá repensar prioridades, identificar tecnologías acordes a sus valores y reconstruir capacidades públicas para decidir su propio rumbo en la era digital.