El 06.03.2026 se celebró la Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra Milagros Tolón, en un encuentro que arrancó con un minuto de silencio por los seis estudiantes fallecidos en el suceso de El Bocal en Santander.
En ese marco institucional, el consejero de Cantabria, Sergio Silva, defendió públicamente la necesidad de una bajada de ratio que sea progresiva y planificada, y reclamó la creación de un grupo de trabajo y la asignación de recursos para afrontar la medida de forma sostenible.
La sesión sirvió para poner sobre la mesa tensiones previas: varias comunidades consideran que el anteproyecto de Ley llega sin suficiente diálogo y sin atender las particularidades territoriales. Cantabria explicó que ya ha reducido la presencia por aula a 20 alumnos en 2º y 3º de primaria y que lleva dos años negociando con los sindicatos un acuerdo que extienda esa reducción a toda la enseñanza primaria y secundaria.
Esa experiencia regional se exhibe como ejemplo práctico, pero los responsables autonómicos insisten en que aplicar una norma a nivel nacional exige financiación y plazos realistas.
Demandas comunes: grupo de trabajo, financiación y calendario
Las comunidades autónomas coincidieron en solicitar la retirada temporal del anteproyecto de Ley hasta que se constituya un grupo de trabajo con capacidad técnica y participación autonómica. El argumento central fue que una reducción de ratios y la modificación del horario del profesorado no son meras cifras administrativas: implican contratación, redistribución de espacios, adaptación de plantillas y recursos materiales. Por ello se reclama que el debate incorpore un análisis económico y un calendario de implantación que respete la diversidad territorial y las competencias educativas de las comunidades.
El caso de Murcia y la equiparación con la concertada
La Región de Murcia, representada por el consejero Víctor Marín, defendió que muchas autonomías ya han avanzado internamente y que cualquier norma nacional debe garantizar igualdad de condiciones entre la red pública y la enseñanza concertada. Murcia señaló que la reducción de ratios está en marcha desde hace tres años: en 2.º ciclo de Infantil se pasó de 25 a 22 alumnos, y la implantación en Primaria comenzará en el curso 2026-2027 en el primer nivel; además, la reducción de horas lectivas (23 horas en Infantil/Primaria y 18 en Secundaria/FP) ya se ha materializado en la comunidad. Estas actuaciones motivan la petición de que las mejoras lleguen a todos los centros con financiación suficiente.
Aspectos prácticos y obstáculos para la implementación
Reducir la ratio supone retos organizativos y presupuestarios: la necesidad de más profesorado, aulas y recursos de apoyo; la reorganización del horario del profesorado; y la adaptación de la oferta educativa en territorios con realidades demográficas muy distintas. Las comunidades advirtieron que un calendario impuesto sin un diagnóstico previo puede resultar irrealista y generar tensiones en los centros. Además, varios consejeros criticaron una gestión percibida como unidireccional por parte del Gobierno central, que habría disminuido los espacios de negociación en la Conferencia Sectorial.
Propuestas y siguientes pasos
Frente a las discrepancias, la petición común fue clara: abrir una nueva etapa basada en el diálogo y crear un grupo de trabajo que estudie de forma conjunta la bajada de ratios y los cambios en el horario docente, incorporando las aportaciones de las comunidades, los sindicatos y los representantes de la enseñanza concertada. Se reclama que ese grupo ponga sobre la mesa un plan plurianual con financiación comprometida, calendarios realistas y medidas de seguimiento para evaluar el impacto en centros y plantillas.
Plan plurianual y acuerdos con la concertada
En foros como la Mesa de la Enseñanza Concertada ya se trabaja en un plan plurianual que incluya la reducción de la carga lectiva, la mejora de ratios, más horas de orientación y la actualización de partidas económicas para gastos corrientes. Los responsables autonómicos subrayan que sin un horizonte temporal y financiero claro cualquier cambio normativo queda en letra plana y puede agravar desigualdades entre redes y territorios.
Conclusión: consenso como condición
La reunión del 06.03.2026 dejó una foto de coincidencia sobre el objetivo —mejorar las condiciones de enseñanza mediante la bajada de ratio y la mejora del trabajo docente— pero también una demanda unánime de formas: diálogo, respeto a las competencias autonómicas y compromiso de financiación. El mensaje de las comunidades es nítido: avanzar sin consenso y sin recursos puede frustrar la implementación y aumentar la tensión institucional; por eso piden que la Conferencia Sectorial recupere su papel como espacio de debate efectivo antes de aprobar cambios de calado.