Recientemente, se ha cerrado una importante investigación judicial relacionada con una estafa piramidal vinculada a inversiones fraudulentas en criptomonedas. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria concluyó su indagación sobre Raúl María F.G., quien enfrenta serias acusaciones de apropiación indebida, estafa y blanqueo de capitales.
Entre los años 2026 y 2026, el acusado captó miles de euros prometiendo inversiones seguras en un esquema que, según los datos, carecía de fundamento. Al menos 50 víctimas se encuentran afectadas por esta estafa, con un perjuicio económico que se estima en alrededor de 500,000 euros.
Desarrollo del caso judicial
La magistrada Ana Isabel de Vega Serrano, a través de un auto emitido el 26 de noviembre de 2026, constató que hay indicios suficientes para proseguir con el procedimiento abreviado. La investigación reveló que el investigado ofrecía una supuesta minería de criptomonedas, especialmente de Ethereum, como estrategia para atraer inversiones.
Sin embargo, esta actividad se ha demostrado inexistente, al no haber evidencia de compra de equipos ni de instalaciones adecuadas para realizar dicha minería.
Una estructura engañosa
El esquema operativo se asemeja a un clásico sistema Ponzi, en el que los beneficios prometidos a los primeros inversores provenían del dinero aportado por nuevos participantes. Se ha determinado que el capital recaudado no se reinvirtió en minería, sino que se utilizó para gastos personales, incluyendo la adquisición de un vehículo por un valor de 25,000 euros.
Los denunciantes, muchos de ellos agentes de policía, realizaron aportes que variaron entre 600 y más de 90,000 euros, lo que refuerza la magnitud del fraude. Este tipo de esquemas han proliferado en la era de las criptomonedas, donde la escasa regulación puede facilitar la aparición de estafas.
Implicaciones y consecuencias legales
El cierre de la investigación ha llevado a la magistrada a instar al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares a presentar un escrito de acusación. También se ha solicitado que se califiquen los delitos cometidos y que se considere la posibilidad de un sobreseimiento, si así lo estiman necesario las partes involucradas.
Aspectos financieros y fiscales
La resolución judicial ha puesto de manifiesto que existieron ingresos significativos en las cuentas del acusado, provenientes de los denunciantes. Sin embargo, no se han cumplido con las obligaciones fiscales correspondientes, y se han detectado deudas con la Seguridad Social, lo que añade una capa de complejidad a la situación legal del investigado.
A medida que avanza el proceso, se hace evidente que la falta de regulación en el ámbito de las criptomonedas puede dar lugar a situaciones de este tipo, donde la confianza de los inversores es explotada. Esta investigación resalta la necesidad de una mayor vigilancia y control en el mercado de las criptomonedas, para evitar que más personas caigan en redes fraudulentas.