A medida que España se prepara para un crecimiento económico significativo este año, proyectado en un 2,6% de aumento del PIB, surge la necesidad urgente de que el gobierno garantice que todos los ciudadanos se beneficien de este crecimiento.
Se espera que el aumento en los ingresos fiscales supere el umbral histórico de 300.000 millones de euros, una cifra que podría ser crucial para reducir el déficit nacional. Este avance es esencial para ajustar el gasto público y se alinea con los compromisos del presidente Pedro Sánchez de aumentar las inversiones en defensa, seguridad y autonomía estratégica, tal como se acordó con los aliados de la OTAN y otros países de la Unión Europea.
Índice de contenido:
La carga tributaria sobre los ciudadanos
No obstante, es fundamental que este aumento en los ingresos no recaiga sobre los contribuyentes. Según la OCDE, desde el inicio de la pandemia, España ha experimentado uno de los mayores incrementos en la presión fiscal entre las economías desarrolladas.
A pesar de la notable recuperación económica desde 2021, muchos ciudadanos han visto poco avance en su nivel de vida real, que sigue estando por debajo de la media europea. Además, la competitividad de las empresas españolas se ha visto afectada por las agresivas estrategias de recaudación fiscal del gobierno, que han incluido la reducción de deducciones y exenciones en impuestos importantes para aumentar los ingresos sin modificar las tasas impositivas.
Consecuencias de las políticas fiscales
Un factor significativo que ha contribuido a los ingresos fiscales récord ha sido la negativa de la primera vicepresidenta, María Jesús Montero, a ajustar los tramos del impuesto sobre la renta de acuerdo con la inflación.
Esta decisión ha provocado lo que los profesionales fiscales denominan un arrastre fiscal, donde los trabajadores enfrentan mayores obligaciones fiscales sin un aumento correspondiente en su ingreso disponible, a menudo sin que muchos empleados lo noten. Además, las recientes revelaciones de corrupción relacionadas con la adjudicación de contratos estatales y la mala gestión de fondos públicos han generado, comprensiblemente, un descontento hacia un gobierno percibido como fiscalmente irresponsable.
Un cambio en las políticas fiscales es necesario
Ante estas circunstancias, tanto Sánchez como Montero han perdido su justificación para mantener una carga tributaria agobiante sobre la mayoría de los contribuyentes. En los últimos años, los ciudadanos han soportado esta presión financiera casi estoicamente, contribuyendo de manera significativa a las finanzas públicas. Es hora de que los beneficios del crecimiento económico de España se transmitan a la población, no a través de subsidios temporales o vales clientelistas, sino mediante una merecida reducción de sus obligaciones fiscales.
Conectar el crecimiento con el bienestar ciudadano
Para reflejar verdaderamente la trayectoria positiva de la economía española, el gobierno debe adoptar políticas fiscales que prioricen el bienestar de sus ciudadanos. Un enfoque equilibrado que fomente el crecimiento y, al mismo tiempo, aborde las cargas fiscales sobre individuos y empresas es imperativo. Asegurar que los frutos del progreso económico se compartan de manera equitativa no solo mejorará la calidad de vida de los ciudadanos españoles, sino que también cultivará una economía más resiliente y competitiva.
En última instancia, el gobierno debe reconocer que el camino hacia un crecimiento económico sostenible radica en la distribución justa de sus beneficios. Al reformar las políticas fiscales y proporcionar un apoyo tangible a los ciudadanos, España puede construir una base más sólida para su economía, una que no solo prospere, sino que también eleve a su gente.
