La facilidad para mover dinero a través de fronteras y la relativa ausencia de regulación han convertido a las criptomonedas en un medio atractivo para actividades ilícitas. Una investigación de Chainalysis encontró que, en 2026, las transacciones en criptodivisas vinculadas a la trata de personas crecieron al menos un 85% con respecto al año anterior, situando los flujos en al menos cientos de millones de dólares anuales.
Los hallazgos combinan rastreo en blockchain, análisis de mensajes y reportes de fuerzas de seguridad, y muestran con claridad que los pagos digitales son ahora moneda corriente en redes que explotan laboral y sexualmente a víctimas retenidas en recintos del sudeste asiático y otras zonas.
Mecanismos de pago y plataformas utilizadas
Los grupos criminales rastreados emplean principalmente stablecoins ancladas al dólar, como Tether (USDT) y USDC, para evitar la volatilidad típica de otras criptomonedas. Estos instrumentos facilitan transferencias rápidas y transnacionales; al mismo tiempo, la naturaleza pública de muchas blockchains permite a investigadores y fuerzas del orden seguir parte del rastro.
Paralelamente, Telegram aparece como el mercado central para anuncios y servicios de intermediación. Canales como Xinbi Guarantee y el desaparecido Tudou Guarantee ofrecían servicios de custodia que aceptaban y retenían criptomonedas para supuestos pagos seguros, actuando también como centros de lavado de activos y punto de encuentro entre compradores y vendedores.
Mercados y prácticas de custodia
Los mercados en Telegram ofrecían desde servicios de prostitución por horas hasta acuerdos de explotación a mayor escala, e incluso ofertas internacionales para trasladar víctimas a destinos como Macao o Taiwán. Chainalysis comprobó que muchos de esos pagos retornaban a mercados de garantía en Telegram, donde se convertían en efectivo a través de redes sofisticadas.
Tipos de explotación y magnitud económica
La investigación distingue dos vertientes principales: complejos de estafa que someten a personas a trabajo forzado y redes dedicadas al tráfico sexual. Los complejos de estafa, presentes en países como Myanmar, Camboya y Laos, han sido protagonistas durante años y reportan ingresos multimillonarios. Sin embargo, Chainalysis detectó que el mayor crecimiento medible en 2026 provino de operaciones de tráfico sexual financiadas con criptomonedas.
En los casos de prostitución organizada, el 62% de las transacciones analizadas oscilaban entre 1,000 y 10,000 dólares, mientras que casi la mitad de las operaciones internacionales superaban los 10,000 dólares, lo que sugiere estructuras empresariales a gran escala que gestionan centenas de víctimas, no pequeños grupos aislados.
Reclutamiento, coerción y control
Los testimonios y documentos filtrados —incluido un paquete de 4,200 páginas procedente de un informante que trabajaba en un complejo de pig butchering— describen prácticas sistemáticas: retención de pasaportes, jornadas de 15–16 horas, violencia física y electroshock por incumplimiento, y mecanismos de servidumbre por deuda. Además, se encontraron anuncios que ofrecían pagos por traer nuevos trabajadores forzados, en rangos de 8,888 a 22,000 dólares.
Abuso infantil y mercados de material sexual
La venta de CSAM (material de abuso sexual infantil) también ha adoptado criptomonedas como método de pago, aunque representa un volumen menor en dólares. Chainalysis detectó que aproximadamente la mitad de estas transacciones son inferiores a 100 dólares, lo que evidencia la gran accesibilidad y el bajo coste de estos materiales, incluidos los generados por IA.
Mientras algunos mercados siguen utilizando Bitcoin, el blanqueo y la opacidad se apoyan cada vez más en monedas de privacidad como Monero, que dificultan el rastreo. Esto complica la identificación de responsables y la localización de los servidores donde se aloja el contenido.
Desafíos y oportunidades para la acción
Las empresas implicadas y las plataformas tienen posibilidades de intervención: por ejemplo, se ha señalado que servicios centralizados pueden congelar fondos, y que Telegram puede cerrar canales dedicados a estas actividades. No obstante, tanto representantes de plataformas como de emisores de stablecoins alegan esfuerzos de cooperación con la justicia y medidas de cumplimiento.
Chainalysis subraya que el propio uso de blockchains públicas ofrece una avenida para que la aplicación de la ley identifique patrones y puntos de salida de efectivo —los mercados de garantía en Telegram son uno de esos puntos vulnerables—, pero advierte que las autoridades deben acelerar los recursos y la comprensión técnica para actuar eficazmente.
Al mismo tiempo, esa misma digitalidad proporciona pistas rastreables que, bien aprovechadas, pueden ayudar a desmantelar operaciones y a rescatar víctimas.