La controversia política en torno al nuevo instrumento económico del Gobierno ha escalado: el Partido Popular ha criticado con dureza el diseño y los objetivos del fondo España Crece, al tiempo que mantiene un seguimiento estrecho sobre la adjudicación de encargos públicos a Indra.
Los populares sostienen que la iniciativa, diseñada para movilizar recursos tras la finalización de ayudas comunitarias, podría utilizarse para que el Estado incremente su presencia en empresas privadas, una preocupación que han expresado en ruedas de prensa y contactos con medios.
En su diagnóstico, el PP afirma que el ejecutivo recurrió a recursos previamente asignados y no ejecutados por la administración para montar esta estructura, describiéndola como propaganda y señalando riesgos de intervención directa en empresas. A la vez, los conservadores han puesto el foco en la gestión de contratos públicos vinculados a Indra, advirtiendo de que la ausencia de procesos competitivos podría llevarles a promover acciones judiciales.
Críticas al diseño y financiación del fondo
La explicación del PP se centra en cómo se han reorientado fondos europeos y en las cifras que presenta el Gobierno. Según los populares, el plan parte de una asignación inicial de 83.000 millones en forma de préstamos europeos que, por dificultades en su ejecución, llevaron a la devolución de una porción significativa. El Ejecutivo propone introducir 10.500 millones como capital en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y, a partir de ahí, ofrecer hasta 60.000 millones en financiación siempre que cada euro público vaya acompañado por financiación privada, lo que, en teoría, permitiría movilizar hasta 120.000 millones.
Acusaciones de oportunismo y propaganda
Para el PP, esta arquitectura financiera no responde a la figura clásica de un fondo soberano, entendida como la herramienta que gestionan países con ingresos persistentes por recursos naturales, sino a una maniobra para evitar devolver parte de los préstamos comunitarios. El vicesecretario de Economía del partido ha calificado la propuesta como humo y propaganda, argumentando que la operación responde a la necesidad de no reintegrar 10.000 millones—una interpretación que busca explicar la reconfiguración de recursos ya asignados.
Riesgos de entrada en capital y precedentes citados
Otra línea central de la denuncia se refiere a la posibilidad de utilizar los recursos del fondo para adquirir participaciones en compañías privadas. El PP sostiene que el diseño actual no impone restricciones claras para evitar que el Estado entre en el accionariado de empresas y recuerda episodios previos en los que la deuda pública se empleó para participar en capitales estratégicos. En su exposición pública, los populares han usado como ejemplo la intervención en Telefónica y los movimientos en su escenografía directiva.
Caso indra y conflicto de intereses
En el foco mediático figura también Indra, empresa que, según el PP, ha recibido adjudicaciones sin concurso público por parte del Estado. Los conservadores han señalado la elección de un nuevo presidente para Indra, un directivo con vínculos empresariales previos, y han planteado la sospecha de posibles conflictos de interés cuando la compañía explora operaciones corporativas con entidades relacionadas. Estas imputaciones forman parte de la argumentación para justificar la vigilancia sobre adjudicaciones y la posibilidad de actuaciones judiciales si se detecta irregularidad.
Vigilancia política y posibles pasos legales
La reacción del PP se ha traducido en una actitud de control sobre las contrataciones y en la advertencia explícita de que, ante cualquier ilegalidad, acudirán a los tribunales. Esta postura combina la crítica al diseño del fondo con el escrutinio de la contratación pública: los populares anuncian que vigilarán la asignación de contratos públicos y que no descartan impulsar recursos judiciales si consideran que se ha eludido la debida competencia. La formación recalca que la transparencia y la concurrencia son esenciales cuando se gestionan fondos y se adjudican proyectos públicos.
Por su parte, el Ejecutivo mantiene su argumentario sobre la conveniencia de una herramienta que potencie la inversión pública y privada para impulsar la recuperación económica tras la retirada de ayudas comunitarias. La tensión entre ambas posiciones pone el foco en la gobernanza de los instrumentos financieros públicos y en la necesidad de mecanismos que eviten conflictos de interés y garanticen procesos competitivos. Mientras tanto, la discusión pública sobre España Crece y la actuación de Indra seguirá siendo un asunto vigilado por la oposición y por actores que exigen mayor transparencia.