La última modificación del sistema de pensiones ha generado un problema práctico en las administraciones: la imposibilidad de tramitar muchas jubilaciones parciales por la exigencia de contrataciones indefinidas para los relevistas. Según cálculos sindicales, alrededor de 6.200 solicitudes de trabajadores del ámbito público han quedado paralizadas, lo que ha convertido una fórmula habitual de relevo generacional en un embudo administrativo.
Esta situación ha forzado al Ejecutivo a negociar soluciones de carácter urgente con Seguridad Social y Función Pública para permitir una alternativa transitoria que facilite la continuidad de los procesos de jubilación.
En términos generales, la jubilación parcial permite compatibilizar parte del salario con la pensión cuando se reduce la jornada laboral y un relevista cubre la parte dejada por el trabajador que anticipa su retiro.
Para acceder a esta modalidad se requieren, además de años de cotización y condiciones de edad, requisitos contractuales que ahora chocan con los procedimientos propios del sector público. La tensión entre la ley pensiones y la operativa administrativa ha provocado la demanda de una solución temporal que recupere el dinamismo de estos procesos.
Origen del bloqueo
El bloqueo nace por el endurecimiento de las condiciones del relevista: la reforma exige desde el 1 de abril que quien ocupe esa plaza tenga contrato indefinido y jornada completa. En la práctica, las administraciones no pueden cubrir esas vacantes con la agilidad necesaria porque la contratación fija en el sector público implica publicar bases, recibir aspirantes, realizar pruebas y valorar méritos, fases que consumen meses o años. Ese diseño legal no contempló las particularidades de la selección pública y, como resultado, muchas jubilaciones parciales no se han podido tramitar pese a estar solicitadas.
Condiciones del relevista y su impacto
Además del contrato indefinido, la normativa condiciona la procedencia del relevista (por ejemplo, desempleo o contratación temporal previa) y exige que la contratación sea a tiempo completo, eliminando la opción de relevistas a tiempo parcial. Esas restricciones suponen que la fórmula de relevo, que antes era flexible, resulte inviable cuando la administración tendría que iniciar procesos de estabilización o plazas específicas vinculadas a la oferta de empleo público. El choque entre la norma laboral y la práctica administrativa es la raíz del atasco detectado en ayuntamientos y comunidades autónomas.
Reacción política y medidas propuestas
Ante la presión sindical y el riesgo de prolongar el problema, el Gobierno negocia implantar una disposición transitoria que permita a las administraciones contratar interinos procedentes de bolsas de empleo para cubrir los puestos de relevo. La fórmula estudiada consistiría en autorizar contratos temporales hasta que las plazas se incorporen a las futuras ofertas de empleo público y puedan cubrirse de forma definitiva mediante los procesos ordinarios. Fuentes de la negociación apuntan a aprobar la medida mediante un real decreto ley que alivie la espera y reactive las jubilaciones parciales bloqueadas.
Detalles de la solución transitoria
La propuesta contempla que las administraciones reconozcan las jubilaciones parciales si contratan interinos desde las bolsas existentes, evitando la tramitación de plazas fijas inmediata. Esa contratación sería temporal y su cobertura definitiva se formalizaría posteriormente en la oferta pública correspondiente. Asimismo, se prevé la obligación de sustituir al relevista si su contrato se extingue antes del periodo exigido legalmente tras el retiro del relevado, garantizando así la continuidad del servicio. Esta vía se plantea como solución exclusiva, por el momento, para el personal laboral.
Impacto en sindicatos y demandas pendientes
Los sindicatos han convertido esta cuestión en una reclamación clave en la mesa de diálogo social y, en algunos casos, han paralizado otras negociaciones hasta que se corrija el bloqueo. Organizaciones como CSIF, UGT y CC OO piden no solo una solución transitoria para el personal laboral —cerca de 600.000 empleados en el sector público— sino también la recuperación de la jubilación parcial para funcionarios y personal estatutario, derecho que quedó limitado en 2012. Junto a la medida temporal con interinos, sigue abierta la discusión sobre reformas más amplias en la gestión de plantilla y la tramitación de la Ley de Función Pública.