En el contexto actual, la propuesta de financiación autonómica se enfrenta a un futuro incierto. ¿Cuáles son las dudas sobre su viabilidad legal y la disposición de los actores involucrados para aceptar modificaciones que alteren el acuerdo original? A pesar de las críticas que generan diferentes partes, es crucial destacar que esta propuesta no representa un nuevo sistema de financiación.
Tampoco es exclusiva para Cataluña ni se aparta del régimen común establecido.
Adicionalmente, la propuesta no se ajusta a las expectativas del acuerdo de investidura del presidente Illa, ni refleja un pacto solidario en términos de concierto. Además, carece de un compromiso real hacia la ordinalidad, un concepto que muchos expertos consideran fundamental.
En este sentido, también se aleja del modelo que la comisión de reforma de financiación catalana había estado desarrollando durante el último año.
Características de la propuesta actual
Al analizar la propuesta, se puede observar que, aunque es menos compleja que el sistema vigente, presenta ciertas ventajas.
Por ejemplo, facilita la gestión de la tesorería de las comunidades autónomas y premia la recaudación fiscal en la fase minorista del IVA. Aunque los resultados se interpretan en términos relativos, se puede afirmar que el modelo actual permite dar la impresión de que todas las comunidades se benefician de alguna manera.
Un acuerdo necesario en el contexto actual
Este modelo podría considerarse como el único acuerdo viable, dado el panorama político y económico actual. Se presenta como una opción de “ahora o nunca”, ya que las circunstancias futuras probablemente no permitirán la misma liquidez en las arcas del Estado, especialmente con el fin de los fondos europeos y las recaudaciones tributarias extraordinarias. Este sistema podría ser respaldado por sectores económicos que desean estabilizar la situación y retomar un funcionamiento habitual tras el impacto del proceso catalán.
Expectativas y propuestas alternativas
A pesar de lo que la propuesta actual ofrece, existe un deseo por un modelo más inclusivo que contemple las diversas realidades políticas de las comunidades autónomas. Se anhelaría un sistema que, según la elección de cada comunidad, presentara dos enfoques de financiación. Uno de ellos debería centrarse en las capacidades fiscales y la autonomía financiera, con una mayor responsabilidad fiscal y riesgo financiero. El otro podría ser un modelo más garantista, mejorado respecto al actual, basado en la estimación de necesidades fiscales.
La realidad constitucional y la preferencia ciudadana
El nuevo modelo también debería ajustarse a la realidad constitucional que reconoce a las “nacionalidades y regiones”. Es fundamental que el sistema refleje las preferencias de los ciudadanos, quienes a menudo indican que la descentralización actual es suficiente para sus necesidades, mientras que otros consideran que es insuficiente. La convivencia en un marco federal, donde se comparten ingresos y se fomenta la solidaridad, debería ser un objetivo común.
Desde esta perspectiva, se espera que todos los actores se comprometan a respetar un mismo marco estatal en el que se eviten prácticas desleales, como el dumping fiscal o el uso de derechos históricos para eludir contribuciones fiscales. Este enfoque dual que propuse en la comisión de reforma de la financiación autonómica, en la que tuve la oportunidad de participar como experto balear, podría ser un camino hacia una solución más equitativa y sostenible.