Un reciente informe del Tribunal de Cuentas ha dejado al descubierto una preocupante falta de trazabilidad en las prestaciones de desempleo que se otorgaron durante la pandemia de Covid-19. Este documento, que revisa las ayudas concedidas entre marzo de 2020 y marzo de 2022, resalta la necesidad urgente de implementar sistemas informáticos que permitan un desglose y cotejo adecuado de los procedimientos.
En un contexto tan excepcional, la administración pública se enfrentó a un caos que dio lugar a resoluciones contradictorias y a la concesión de prestaciones sin el control necesario. ¿Cómo es posible que en una crisis tan grave se haya fallado en la gestión de recursos tan importantes?
El caos en la administración de ERTE
Durante la crisis sanitaria, se activaron los ERTE extraordinarios por fuerza mayor, beneficiando a millones de trabajadores. Aproximadamente 558,000 empresas solicitaron estos expedientes, lo que se tradujo en 4.15 millones de trabajadores protegidos. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala que la falta de un sistema informático específico complicó la trazabilidad de estos expedientes, permitiendo que aparecieran duplicidades y errores en la gestión.
Las solicitudes se presentaron tanto a autoridades autonómicas como estatales, creando una falta de coordinación entre los distintos entes administrativos. ¿Qué efectos ha tenido esto en los trabajadores y en la economía?
El informe destaca que la avalancha de solicitudes tras la declaración del estado de alarma llevó a un descontrol total.
Las entidades encargadas de gestionar estas ayudas, como el SEPE, se vieron desbordadas y, en ocasiones, tuvieron que conceder prestaciones sin contar con la información adecuada, confiando únicamente en los datos proporcionados por las empresas. Esto derivó en 10,896 beneficiarios de prestaciones por un total de 25.4 millones de euros cuya inactividad no fue notificada a la Seguridad Social.
¡Una cifra alarmante!
Impacto económico y recomendaciones
El gasto público destinado a prestaciones por desempleo durante este periodo alcanzó los 18,272 millones de euros, mientras que las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social sumaron 7,964 millones.
El Tribunal de Cuentas recomienda que la Dirección General de Trabajo implemente un procedimiento informatizado para la tramitación de ERTE, así como establecer protocolos de intercambio de información entre las autoridades laborales competentes. ¿Será suficiente para evitar futuros desastres?
Además, se ha evidenciado que el SEPE se ha visto obligado a recurrir a su propio remanente para financiar las prestaciones, sin haber recibido los fondos europeos previstos para este fin. La auditoría también reveló que las exoneraciones de cuotas presentaron indicios de incumplimiento que podrían afectar a 278,757 empresas y a 1.7 millones de personas. Estos casos han sido enviados a la Inspección de Trabajo para su análisis. ¿Qué pasará con estas empresas y sus empleados?
Conclusiones y futuro de las ayudas
A pesar de las irregularidades detectadas, el informe destaca que las medidas excepcionales adoptadas para los ERTE lograron un alto grado de protección. En sus primeros meses, estas medidas llegaron a afectar al 22.07% de los trabajadores en activo. Sin embargo, la falta de un sistema robusto de control y la coordinación entre entidades son aspectos que deben mejorarse urgentemente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. ¿Estamos realmente aprendiendo de nuestros errores?
El Tribunal de Cuentas urge a las autoridades competentes a revisar y analizar el reconocimiento adecuado de las prestaciones, asegurando que se cumplan los requisitos establecidos. Este llamado a la acción busca no solo corregir las irregularidades pasadas, sino también fortalecer el sistema de ayudas en caso de futuras crisis. ¿Estamos listos para enfrentar los desafíos que nos esperan?
