El Banco de España publicó el 17 de febrero de un avance que confirma una duplicidad de señales en las cuentas públicas: la cuantía nominal de la deuda pública marcó un nuevo máximo anual, mientras que la relación con el producto interior bruto registró una moderación.
En cifras, el saldo total cerró en 1.698.681 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 78.108 millones (un 4,8 %), y una ratio de 100,8% del PIB.
Este dato refleja un fenómeno recurrente: el efecto del denominador.
El crecimiento económico y la evolución del PIB permitieron que la ratio deuda/PIB diera un paso atrás respecto a, aunque el volumen acumulado siguió en ascenso. El avance del Banco de España es provisional y podrá ajustarse cuando se integren las cifras definitivas de comunidades y ayuntamientos, pero ofrece ya una radiografía detallada por subsectores y por instrumentos financieros.
Distribución por administraciones: predominio del Estado
La mayor parte del pasivo recae en la administración central: su saldo se situó en 1.549.087 millones, es decir, 75.630 millones más que en (un incremento del 5,1 %) y representa el 91,9% del PIB. Las cifras dejan claro que el Estado sigue actuando como principal emisor y receptor de apoyo financiero para el resto de administraciones, tanto por emisión como por préstamos y transferencias.
Comunidades autónomas y corporaciones locales
Las comunidades autónomas elevaron su endeudamiento hasta 341.880 millones, lo que implica un incremento de 5.936 millones (1,8 %) y una participación del 20,3% del PIB. En sentido contrario, las corporaciones locales redujeron su pasivo hasta 20.773 millones, una caída de 2.082 millones respecto a (-9,1 %), consolidando una posición comparativamente más saneada dentro del sector público.
Seguridad Social y estructura por instrumentos
La Seguridad Social vio crecer su deuda hasta 136.179 millones, lo que supone un aumento de 10.006 millones (7,9 %) y equivale al 8,1% del PIB. Este ascenso responde, entre otros factores, a los préstamos y avances que recibe la Tesorería General para cubrir desequilibrios temporales del sistema.
En cuanto a la composición por instrumentos, la financiación mantiene un sesgo hacia el plazo largo: los valores a largo plazo sumaron 1.440.620 millones. El resto de la estructura incluye préstamos por 177.472 millones, valores a corto plazo por 75.074 millones y efectivo y depósitos por 5.515 millones. Esta configuración refleja una estrategia de alargamiento de vencimientos para reducir riesgos de refinanciación en un entorno de tipos más altos.
Comparaciones con previsiones y organismos
El resultado supera ligeramente la previsión del Gobierno recogida en su plan fiscal y estructural para -2028, que estimaba una ratio del 101,4% del PIB, y también se sitúa por encima de la proyección de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuya actualización de octubre de colocaba la deuda en el 100,3% del PIB. La diferencia entre estimaciones explica parte del debate sobre la senda de consolidación y las medidas necesarias para frenar la acumulación nominal.
Lectura económica y retos fiscales
La lectura que hacen analistas y mercados es doble: por un lado, la reducción de la ratio aporta alivio relativo y mejora la comparativa internacional; por otro, el hecho de que el monto absoluto siga en máximos obliga a mantener la atención sobre la sostenibilidad de la deuda. El progreso del PIB ha sido clave para rebajar la carga porcentual, pero sin un esfuerzo adicional de consolidación el apalancamiento podría permanecer elevado durante la próxima década.
La evolución definitiva dependerá de la combinación entre crecimiento económico, control del déficit y decisiones de financiación que adopten las autoridades durante los próximos ejercicios.