La Casa Blanca ha respondido con rapidez a la decisión del Tribunal Supremo sobre sus aranceles, anunciando la promulgación de un arancel global del 10% que entrará en vigor en pocos días. El presidente ha defendido que la Corte no dejó sin efecto la potestad arancelaria en su conjunto, sino que impugnó un uso concreto de la autoridad basada en la IEEPA (Ley de Poderes de Emergencia Internacional), y por ello planea activar otro fundamento legal.
La alternativa escogida por la Administración es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite al Ejecutivo imponer medidas temporales sobre importaciones y que no había sido empleado hasta ahora en este contexto. Esa vía autoriza aranceles por un periodo limitado de hasta 150 días, lo que la convierte en una herramienta de carácter provisional.
Qué decidió el Tribunal Supremo y por qué reacciona la Casa Blanca
El fallo del alto tribunal cuestionó la aplicación concreta de aranceles amparados en la IEEPA, lo que obligó al Gobierno a replantear su estrategia. El presidente ha calificado la resolución como una vergüenza y ha insistido en que los gravámenes habían sido eficaces para objetivos económicos y de seguridad.
Al mismo tiempo, criticó que la Corte no abordara el impacto fiscal, en particular la posibilidad de que el Tesoro deba devolver sumas sustanciales a importadores afectados.
Impacto fiscal y la controversia de los reembolsos
Uno de los puntos más polémicos es el de las devoluciones que podrían corresponder por aranceles ya recaudados. Fuentes de la Casa Blanca han estimado cifras que podrían superar los 170.000 millones de dólares, una cifra que el presidente calificó de inaceptable y que ha intensificado sus críticas a la demora y alcance del análisis del Supremo. Ese posible reembolso añade una dimensión presupuestaria y política al pleito legal.
La herramienta elegida: sección 122 y sus límites
La sección 122 permite imponer restricciones temporales como aranceles o cuotas para corregir desequilibrios comerciales o responder a medidas de otros países, sin los trámites largos que exigen otras disposiciones. Sin embargo, tiene límites claros: la duración máxima es de 150 días y su alcance resulta más reducido que el de otras potestades. La Casa Blanca la utilizará como solución inmediata mientras explora vías adicionales.
Alternativas legales y marco normativo
Además de la sección 122, la Administración ha reivindicado que existen «métodos, prácticas, leyes y facultades» reconocidos tanto por el Tribunal como por el Congreso, que permiten aplicar medidas comerciales complementarias. Expertos y analistas apuntan que el Ejecutivo puede recurrir a distintas normas —como disposiciones sobre seguridad nacional o leyes arancelarias previas— para modular y mantener presión comercial sin depender exclusivamente de la IEEPA.
Excepciones y efectos sobre socios comerciales
En el decreto ejecutivo que establece el nuevo arancel global del 10%, se han contemplado exenciones para ciertos socios, lo que atenúa el golpe para algunos países vecinos. En particular, los productos que cumplen los requisitos de acuerdos comerciales bilaterales han quedado protegidos de la nueva tarifa, blindando parte del intercambio con economías que están sujetas a compromisos como el TMEC.
Sin embargo, la excepción no elimina otros gravámenes en vigor: sectores concretos siguen sujetos a aranceles específicos en materia de acero, aluminio, automoción y semiconductores, entre otros. Esa combinación de medidas mantiene la complejidad arancelaria y puede alterar las decisiones de inversión y localización de cadenas de suministro.
Implicaciones políticas y económicas
La reacción del presidente refleja una voluntad de mantener una agenda proteccionista pese al revés judicial. El uso de la sección 122 y la búsqueda de mecanismos alternativos muestran que la Administración pretende conservar herramientas para presionar en negociaciones comerciales y, al mismo tiempo, controlar el impacto sobre la economía interna y los mercados financieros.
Para socios comerciales y sectores industriales, la incertidumbre continuará hasta que queden definidas las exenciones, la duración de los aranceles temporales y la posibilidad real de reembolsos masivos. Mientras tanto, empresas y gobiernos deben evaluar escenarios en los que convivan aranceles generales, medidas sectoriales y cambios regulatorios como respuesta a la nueva etapa de la política comercial.