Tras la reciente victoria demócrata en la Cámara de Representantes, los legisladores están trazando una estrategia para presentar, en el Congreso que inicia el 3 de enero de 2027, un proyecto de ley que vaya más allá de la actual Crypto Investor and Consumer Rights Act. La iniciativa parte de la enmienda presentada en 2025 por la representante Maxine Waters, conocida como la Ley CLARITY, y busca convertirse en un marco regulatorio integral sobre la estructura del mercado de criptomonedas.
Según fuentes cercanas al sector cripto que conversaron con el personal demócrata, el borrador contemplará tanto los preceptos originales de Waters como los acuerdos alcanzados entre senadores demócratas y republicanos antes de la votación de clausura en septiembre pasado. La intención es combinar la protección al inversor, que incluye requisitos de divulgación y mecanismos de reparación, con nuevas disposiciones que redefinirán la división de competencias entre la SEC y la CFTC.
Base legislativa y ampliación del alcance
El proyecto original de 2025 pretendía establecer normas claras para los intermediarios, exchanges y emisores de activos digitales, pero nunca llegó a ser aprobado. Los demócratas ahora quieren aprovechar esa base para crear una ley de estructura de mercado que regule desde la emisión de tokens hasta la operativa de plataformas de trading. Entre los elementos propuestos se encuentran requisitos de capital para los custodios, auditorías periódicas de los protocolos de consenso y la obligación de registrar ciertos productos como valores bajo la tutela de la SEC.
Incorporación de acuerdos bipartidistas
En las negociaciones previas al cierre del debate del Senado, se alcanzó un consenso sobre la necesidad de una supervisión más fuerte de los mercados de criptomonedas, pero sin cerrar la puerta a la participación de la CFTC en los contratos de futuros y derivados. El nuevo texto pretende rescatar esos puntos de acuerdo: la SEC tendría autoridad principal sobre la comercialización y el intercambio de tokens, mientras que la CFTC mantendría un papel limitado, centrado únicamente en los instrumentos derivados.
Reconfiguración de poderes regulatorios
Uno de los ejes más polémicos es la redistribución de competencias entre la SEC y la CFTC. La propuesta concede a la SEC un abanico ampliado de facultades, incluyendo la capacidad de imponer sanciones directas a exchanges que violen normas de protección al consumidor o que ofrezcan produtos no registrados. Por otro lado, la CFTC vería reducida su jurisdicción, limitándose a la vigilancia de futuros y opciones sobre criptomonedas, una medida que contrasta con la preferencia de varias empresas cripto que habían pedido una supervisión más equilibrada.
Los defensores del proyecto argumentan que una SEC fortalecida evitará la fragmentación regulatoria que ha caracterizado al sector, reduciendo riesgos de lavado de dinero y fraudes. Por el contrario, críticos del sector temen que un único regulador pueda generar cuellos de botella y frenar la innovación, especialmente en plataformas descentralizadas que tradicionalmente han escapado al alcance de los organismos tradicionales.
Cláusulas éticas y reacción republicana
Otro componente que está generando fricción es la inclusión de normas éticas que prohibirían a funcionarios federales, incluyendo al presidente Donald Trump y a sus familiares, iniciar, promover o beneficiarse de negocios relacionados con criptomonedas mientras ocupen cargos públicos. Esta medida tiene su origen en la llamada «Ley Stop TRUMP en Crypto», presentada en mayo de 2025 por Waters para poner bajo escrutinio los intereses cripto de la familia Trump, cuyos negocios habrían generado alrededor de 1.400 millones de dólares.
Los republicanos han calificado el paquete completo como un «proyecto de mensajería» o «ley simbólica», sosteniendo que su objetivo principal es atacarle políticamente a Trump más que establecer un marco regulatorio efectivo. Aun así, con el control demócrata de ambas cámaras, el texto podría avanzar rápidamente, obligando a los republicanos a negociar sobre aspectos técnicos en lugar de descartar la iniciativa por completo.
En medio de este debate, los mercados cripto observan con atención. bitcoin ha superado los 81.000 dólares, mientras que en un día de operaciones se registraron liquidaciones cercanas a los 987 millones de dólares, con posiciones cortas representando el 57,4 % del total. La incertidumbre regulatoria sigue siendo un factor clave que influye en la volatilidad y en la confianza de los inversores institucionales.
La próxima legislación buscará equilibrar la protección del inversor, la claridad operativa y la integridad ética del gobierno, aunque el camino hacia su aprobación estará marcado por intensos debates entre ambas bancas y por la presión de una industria que aún no ha encontrado un marco regulatorio definitivo.
