La derogación del decreto ómnibus, que incluía aumentos en las pensiones y un paquete de medidas fiscales, ha generado un ambiente de inseguridad jurídica en las empresas. Este escenario, que ya se vivió el año anterior, regresa en un momento crítico, justo cuando las compañías se preparan para gestionar las nóminas de febrero.
La confusión surge, en parte, porque las subidas de cotización previstas para 2026 también han sido anuladas, dejando a los departamentos de recursos humanos y a las gestorías con incertidumbre al definir las bases salariales para el próximo mes.
Consecuencias de la derogación del decreto
Este decreto contemplaba un incremento del 2,7% en las pensiones contributivas, además de varios aumentos en las cotizaciones sociales. Se proyectaba un aumento del mecanismo de equidad intergeneracional al 0,9%, así como un incremento del 3,9% en la base máxima de cotización, que pasaría a ser de 5.101,2 euros mensuales.
También se establecía una cuota de solidaridad entre 1,15% y 1,45% sobre los salarios que superaran esta base máxima.
Reacciones de expertos y profesionales
Expertos en derecho laboral, empresarios y representantes de sindicatos han coincidido en que esta situación genera un alto grado de inseguridad jurídica. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, ha instado al Gobierno a actuar con celeridad para presentar un nuevo decreto que aborde estas cuestiones de forma separada y que pueda ser aprobado en el Parlamento antes del 15 de febrero, momento en que comienzan los trámites para la elaboración de la mayoría de las nóminas.
El impacto en la gestión de nóminas
Las nóminas de enero ya se han emitido bajo los nuevos criterios de cotización, mientras que las de febrero podrían tener que ajustarse a los baremos de 2026, lo que complica aún más la situación. Esto implica que las empresas podrían tener que aplicar un mecanismo de equidad del 0,8%, una base máxima de cotización de 4.909,50 euros y una cuota de solidaridad entre 0,92% y 1,17%. La posibilidad de que cambios en las cotizaciones se aprueben justo antes de la elaboración de las nóminas puede forzar a muchas empresas a realizar el trabajo dos veces, generando confusión y costos innecesarios.
Desafíos administrativos y carga laboral
Desde la perspectiva de la gestión de recursos humanos, Carlos Pardo, director general de SD Worx en España, ha señalado que estos cambios normativos en plazos tan cortos aumentan el riesgo de errores en la elaboración de nóminas. Esto puede llevar a regularizaciones posteriores y a una carga administrativa adicional, subrayando la importancia de contar con un marco normativo estable y predecible. Las empresas requieren certidumbre en cuanto a las cotizaciones y nóminas, ya que cada día de retraso puede tener un costo significativo.
La repetición de situaciones como la vivida el año pasado resalta la fragilidad del sistema normativo actual. La incapacidad para convalidar el decreto plantea dudas sobre la capacidad del Gobierno para gestionar asuntos de gran relevancia práctica y social. La falta de claridad en este contexto no solo afecta a los empresarios, sino que también repercute en los trabajadores y en el funcionamiento general del mercado laboral.