El Consejo de Ministros se reunirá el próximo martes para aprobar un decreto que pretende mitigar la crisis de precios originada por el conflicto en Oriente Próximo. El paquete contempla una rebaja de 20 céntimos por litro al diésel y al gasóleo profesional, medida que expira el 30 de septiembre. Sin embargo, los representantes del sector agrario alertan que, en su forma actual, la ayuda resultará insuficiente para contener la tendencia alcista que ya ha empezado a trasladarse del sector energético a la cesta de la compra.
Evolución del precio del gasóleo agrícola
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el litro de gasóleo agrícola ha aumentado 48 céntimos desde el 30 de junio fecha en la que se aprobó la primera rebaja, y 60 céntimos –equivalentes al 53,5 %– desde el 27 de febrero momento en que estalló la guerra que mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. En agosto, la inflación alcanzó un 4,3 % y los agricultores temen que, sin medidas complementarias, la presión sobre los precios de los alimentos siga escalando.
Demandas del sector agrario y del transporte
Las organizaciones agrarias solicitan, entre otras cosas, que se restablezca la bonificación del 35 % en el IRPF para el gasóleo agrícola y la deducción del 15 % en fertilizantes, insumos que también han encarecido por el conflicto. «Si seguimos en esta espiral de aumento de precios, para diciembre la inflación ya se la habrá comido», advierten fuentes del sector, y añaden que la viabilidad del campo corre peligro al no poder trasladar los costes a los consumidores.
En paralelo, la Federación de Asociaciones de Transporte por Carretera (Fenadismer) ha anunciado que mañana mantendrá una reunión con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo para solicitar la intervención urgente del Gobierno en el mercado de carburantes, proponiendo la reintroducción de topes de precio similares al modelo regulado vigente hasta 1998.
Limitaciones fiscales y perspectiva a medio plazo
El vicepresidente primero del Gobierno ha señalado que el nuevo decreto debe ser convalidado por la Cámara Baja en un plazo de 30 días y que se seguirá de cerca el «impacto de segunda ronda» sobre la cesta de alimentos. En la misma línea, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz ha advertido que la prolongación del conflicto ha generado gastos que podrían convertirse en permanentes, poniendo en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit del 2,7 % acordado con Bruselas. El margen fiscal para nuevas ayudas al carburante se está agotando, y cualquier nuevo paquete tendría que equilibrarse con otras áreas de gasto para no comprometer la senda fiscal.
En conjunto, la presión sobre los precios del diésel –que ha subido casi un 70 % desde el inicio de la guerra– y la limitada capacidad de respuesta del Gobierno plantean un escenario crítico para la producción alimentaria y el transporte nacional. La decisión que se tomará el martes será decisiva para determinar si los agricultores y transportistas recibirán el apoyo necesario o si la escalada de precios continuará arrastrando a la economía.
