El Ejecutivo italiano, encabezado por Giorgia Meloni, cerró esta semana la discusión sobre el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. El texto, que contempla una partida total de 26 000 millones de euros, combina recortes de impuestos para la población activa con la creación de un impuesto de salida que grava la salida de grandes patrimonios del país. La intención declarada es devolver capacidad de consumo a los hogares sin desestabilizar las finanzas públicas, que siguen bajo presión por el elevado nivel de deuda.
Alivios fiscales para la clase media y los autónomos
Una de las primeras líneas del presupuesto es la ampliación del segundo tramo del IRPEF, que ahora abarcará ingresos anuales de hasta 55 000 €, frente a los 50 000 € anteriores. El tipo marginal se mantiene en el 33 %, pero la ampliación permite ahorrar alrededor de 500 € al contribuyente que se sitúe en ese rango. Según la propia ministra, la medida supone un costo de 1,2 mil millones de euros pero generará un mayor poder adquisitivo para la clase media.
Los trabajadores por cuenta propia también se benefician: el umbral que permite acogerse al régimen de flat tax sube de 85 000 € a 100 000 € de ingresos anuales. Con esta regla, más autónomos y pequeños empresarios podrán tributar a una tasa fija, evitando la escala progresiva del IRPEF. La política busca incentivar la actividad independiente y reducir la carga administrativa.
Beneficios para la movilidad, vivienda y familias
En el ámbito vehicular, el Gobierno elimina de forma permanente el impuesto de circulación para los automóviles de hasta 80 kW y para las motocicletas. La medida afecta al 70 % de los vehículos registrados y se presenta como un alivio directo al bolsillo de los conductores.
El sector inmobiliario recibe también una rebaja importante: el impuesto opcional sobre los ingresos del alquiler (conocido como cedolare secca) se reduce al 5 % en la mayoría de los casos y hasta al 1 % cuando el arrendatario tiene menos de 35 años y el contrato está regulado. Además, se mantiene la deducción del 50 % del gasto para la primera vivienda y del 36 % para segundas residencias, con el objetivo de estimular la compra y la rehabilitación de inmuebles.
Para las familias, el presupuesto amplía la licencia parental retribuida al 80 % y extiende su duración a cinco meses para el segundo hijo y a seis meses a partir del tercero. Se asigna también un bono de 300 € a mayores de 75 años con pensiones menores a 28 000 €, y se destina una partida para equipar con climatizadores todas las escuelas del país.
El impuesto de salida y la financiación del paquete
El elemento más controvertido es el llamado exit tax, un gravamen del 26 % sobre las plusvalías latentes de los contribuyentes cuya riqueza supere los 800 000 € y que decidan trasladar su residencia fiscal fuera de Italia. El impuesto solo se aplicará a quienes hayan sido residentes fiscales al menos seis de los diez años previos al cambio y podrá ser reembolsado si los activos no se liquidan en el plazo establecido.
Para compensar los recortes, el Ejecutivo prevé ingresos adicionales de 5 000 millones de euros provenientes de bancos, aseguradoras, compañías energéticas y el sector del juego. Asimismo, se incrementará la tasa Tobin sobre determinadas operaciones financieras y se reducirán gastos en los ministerios por aproximadamente 1 000 millones de euros.
Reacciones y perspectivas
Los expertos en fiscalidad internacional advierten que el exit tax podría desalentar la llegada de capital extranjero y generar dudas entre los residentes de alto patrimonio. Por su parte, los sectores beneficiados —autónomos, propietarios de vehículos y arrendadores— aplauden la reducción de cargas y esperan un impulso al consumo interno. Con la presión de la Comisión Europea por mantener el déficit bajo control, el presupuesto busca equilibrar estímulos a la demanda con fuentes de ingresos que no comprometan la estabilidad fiscal a medio plazo.
