En febrero de 2025, el presidente argentino Javier Milei anunció en su cuenta de X la creación de una cripto-moneda llamada $LIBRA, bajo el paraguas del «Viva la Libertad Project». La iniciativa pretendía canalizar recursos hacia empresas locales, y su anuncio provocó una subida vertiginosa del precio, que pasó de menos de un milésimo de euro a alrededor de cinco dólares en cuestión de minutos. Horas después, el valor colapsó, generando pérdidas millonarias a miles de inversores y despertando sospechas de una posible estafa.
Contexto del caso Libra
El proyecto $LIBRA se inscribió dentro del segmento de las memecoins, activos digitales caracterizados por su alta volatilidad y escasa fundamentación económica. Según los fiscales, la rapidez con que la moneda alcanzó su pico y la posterior caída abrupta podrían indicar una manipulación del mercado o la existencia de información privilegiada. Sin embargo, la propia tecnología utilizada –la blockchain– permitió seguir cada transacción de manera pública y trazable, algo que el Ministerio Público señaló como evidencia de que el activo no fue creado de forma ficticia.
Desarrollo de la investigación y decisiones judiciales
El proceso judicial fue conducido por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien, a instancia del fiscal Eduardo Taiano, revisó las acusaciones de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Tras analizar los peritajes informáticos, el magistrado constató que no se había demostrado la existencia de un engaño penalmente relevante capaz de inducir a los compradores a adquirir el token. En la resolución, se especificó que para configurar una estafa era necesario probar una «maniobra engañosa concreta, un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial directo», requisitos que no se cumplieron.
Además, la sentencia descartó la hipótesis de abuso de autoridad porque la publicación de Milei se realizó desde su cuenta personal, sin recurrir a recursos ni canales oficiales del gobierno. Tampoco se halló evidencia de una resolución, orden administrativa o contrato formal que vinculase al Estado con la emisión del cripto-activo. En cuanto a la hermana del presidente, Karina Milei, el juzgador no encontró pruebas de que hubiera recibido dinero a cambio de facilitar reuniones entre el mandatario y empresarios vinculados al proyecto.
El sobreseimiento se extendió también a los demás imputados: los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el creador estadounidense de la moneda Hayden Mark Davis, el singapurense Chyi Haur Peh (también conocido como Julian Peh) y varios intermediarios que habían gestionado fondos en billeteras digitales. Todos ellos fueron liberados bajo la consideración de que los hechos investigados no encajaban en ninguna figura penal prevista por la legislación argentina.
Los hallazgos de los peritajes
Los análisis forenses realizados en noviembre de 2025 recuperaron el borrador de un contrato provisional entre Milei y Davis, cuyo valor aproximado ascendía a cinco millones de dólares. Sin embargo, el documento nunca llegó a ser firmado y no se encontró evidencia de que fuera ejecutado. Asimismo, los registros del teléfono de Novelli mostraron conversaciones recurrentes con Davis, pero ninguna de ellas contenía pruebas de un acuerdo ilícito o de la existencia de pagos a funcionarios públicos.
Conclusiones y repercusiones
El fallo del juzgado federal dejó clara la postura de la justicia argentina: la mera caída del precio de un activo digital, aun cuando genere perjuicios económicos significativos, no constituye por sí misma un delito de estafa si no se prueba la existencia de un engaño deliberado. La decisión también subraya la necesidad de distinguir entre actividades especulativas propias del mercado de cripto-activos y conductas delictivas con dolo probado.
Este caso marca un precedente importante para futuros litigios relacionados con criptomonedas en el país. La ausencia de pruebas contundentes para incriminar a figuras públicas en el contexto de la blockchain podría limitar la capacidad del Estado para intervenir en casos de pérdida masiva de capitales cuando no se demuestren intencionalidades fraudulentas. Por su parte, los inversores que sufrieron pérdidas deberán recurrir a vías civiles para intentar recuperar sus fondos, ya que la vía penal se cerró definitivamente.
La resolución judicial ha devuelto la tranquilidad a los implicados, mientras que el ecosistema cripto argentino sigue bajo la lupa de reguladores que buscan definir con mayor precisión los límites entre la especulación legítima y la conducta delictiva.
