El conflicto en Oriente Próximo ha disparado el precio de la energía, obligando al Gobierno español a lanzar tres paquetes de respuesta desde el inicio de la guerra. Las medidas puntuales –subvenciones temporales y ayudas de emergencia– ya resultan insuficientes para frenar la subida de la factura de luz ni para proteger la competitividad de las pymes y la industria.
En el mercado mayorista, el pool eléctrico español muestra precios más competitivos que en Francia o Alemania gracias a la alta cuota renovable. Sin embargo, el 14 de septiembre la industria electrointensiva española pagó un 38 % más que la francesa y un 14 % más que la alemana. Esa brecha proviene de los costes regulados los cargos y los impuestos que gravan al consumidor, así como de los servicios de ajuste cuyo precio se ha cuadruplicado desde 2019.
Propuesta estructural de la CEOE y sus implicaciones macroeconómicas
El informe elaborado por la CEOE, bajo la dirección de Antonio Garamendi reúne a todas las federaciones sectoriales para demandar a los partidos políticos, en plena campaña electoral, un plan estructural que rebaje la factura de luz. Entre las reivindicaciones destacan la eliminación de los impuestos especiales sobre electricidad y gas, la redistribución de cargos no vinculados al suministro y la exención de peajes a la industria electrointensiva.
Según los cálculos de la patronal, la puesta en marcha del paquete completo generaría un ahorro acumulado de 25.730 millones de euros para consumidores y empresas en los primeros cinco años, lo que equivale a una reducción de entre el 16 % y el 41 % de la factura. Financiar estas medidas requeriría unos casi 27.000 millones de euros en ajustes presupuestarios entre 2027 y 2031, en su mayor parte destinados a redistribuir los cargos no vinculados al suministro, como los subsidios a las renovables.
El ahorro estimado traduciría en una media anual de 4.380 millones de euros de incremento del PIB, de forma que a partir de 2032 la economía española habría generado 26.310 millones de euros más que sin esas reformas. Además, la reducción de los impuestos especiales sobre la electricidad y los hidrocarburos tendría una recaudación inducida de 7.760 millones suficiente para compensar una caída prevista de ingresos de 7.110 millones en el mismo periodo, gracias al impulso de la actividad económica, el consumo y la inversión.
Alarma de la patronal catalana y riesgo de crisis industrial
Paralelamente, la patronal de Cataluña, a través de Foment del Treball, ha lanzado un
