Los sindicatos UGT y CCOO han presentado una solicitud concreta al Gobierno: elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 7 % para el año 2027. La propuesta implica que el sueldo mínimo alcance los 1.307 euros mensuales, distribuidos en catorce pagas, lo que se traduce en un incremento bruto anual de 18.298 euros. En la práctica, cada trabajador percibiría 85,50 euros más por mes respecto al nivel actual de 1.221 euros.
Detalles de la demanda salarial
Los dirigentes sindicales señalan que la diferencia entre la última subida del SMI, aplicada en febrero de este año, y la evolución del IPC supera ya el 2 %. Ante este desfase, Pepe Álvarez secretario general de UGT, ha defendido que el aumento mínimo necesario para 2027 sea al menos del 7 % cifra que quedaría dentro del rango de los 4 % al 7 % que deben experimentar los salarios de todas las nóminas según la posición de Unai Sordo líder de CCOO. La presión sindical se materializa también en la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre, cuyo objetivo es combinar la reivindicación salarial con la crisis de la vivienda.
Reacción del Gobierno y proceso de revisión
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha recordado que el ajuste del SMI debe mantenerse alineado con la evolución del salario medio. Según ha explicado, el proceso parte de un análisis técnico realizado por un comité de expertos, que estudia la situación macroeconó MiCA, la inflación y la capacidad de generación de empleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha instado a los asesores a presentar una propuesta que evite la pérdida del poder adquisitivo y que, al menos, cubra la inflación provocada por la guerra en Irán. Se espera que el informe del comité esté disponible a finales de octubre o principios de noviembre, justo antes de la fecha electoral del 29-N.
En paralelo, los sindicatos han reiterado la necesidad de reformar la normativa que permite a las empresas compensar la subida del SMI mediante pluses –como los de nocturnidad o peligrosidad– sin incorporarlos al salario base. El Tribunal Supremo avaló esta práctica en 2022, pero los representantes sindicales, encabezados por Unai Sordo, exigen que el Gobierno elimine esa vía de sustitución, garantizando un control horario estricto y la absorción plena de los complementos salariales.
Vivienda como eje de la protesta
El segundo pilar de la convocatoria se centra en la crisis de la vivienda. Las peticiones incluyen la creación de un parque público permanente, la aprobación de un fondo que permita construir 100.000 viviendas asequibles, límites al precio de los alquileres y medidas para proteger a los inquilinos frente a desahucios. Asimismo, se demanda la erradicación del uso indiscriminado de viviendas turísticas y la prohibición de la acumulación de inmuebles por fondos de inversión. Según Álvarez, “no hay convenio colectivo que pueda contrarrestar el impacto del precio de la vivienda sobre el coste de vida”, y enfatiza que la responsabilidad recae también en las comunidades autónomas, cuya competencia en materia de vivienda es decisiva.
La combinación de estas dos reivindicaciones –salarial y habitacional– busca generar un punto de presión suficiente para que el Ejecutivo y la patronal, representada por la CEOE retomen el diálogo colectivo que quedó estancado en 2025. Con la cercanía de las elecciones anticipadas y la incertidumbre económica, los sindicatos advierten que la movilización del 11-noviembre “no se puede pasar por alto”.
