Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto en marcha un proceso acelerado para determinar la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que regirá en 2027. El objetivo declarado es que el SMI mantenga o mejore su poder adquisitivo, alineándose con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para ello, se ha concedido al Comité Asesor para el Análisis del SMI un plazo de apenas un mes, con fecha límite el 31 de octubre o, a falta, después del día de Todos los Santos.
Esta iniciativa llega en un contexto inflacionario poco benigno. Según la última previsión de BBVA Research la media anual del IPC para 2026 se sitúa en el 3,7 %, mientras que el Banco de España mantiene su estimación en el 3,6 %. Además, el dato adelantado de octubre podría superar ese nivel, ya que en septiembre la inflación alcanzó el 4,9 %. Estas cifras sitúan al Gobierno frente a un abanico de posibles ajustes que superarán los 1.270 euros mensuales en catorce pagas.
Plazo limitado y objetivo del comité de expertos
El mandato que ha recibido el comité es sencillo pero crucial: garantizar que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo. En la presentación de los trabajos de la comisión, Díaz enfatizó que el objetivo es “acomodarlo al alza del IPC”. Asimismo, se ha añadido un nuevo criterio, evaluar el impacto de la subida en los hogares más vulnerables, teniendo en cuenta los costes de energía, transporte y vivienda que siguen presionando el presupuesto familiar.
Escenarios de aumento y su vínculo con el IPC
Partiendo de la cifra actual de 1.221 euros, el comité contempla tres rangos de incremento, cada uno vinculando la subida al comportamiento del IPC:
Incremento del 3,7 %
Si se adopta el valor medio del IPC previsto por BBVA Research (3,7 %), el SMI alcanzaría los 1.266 euros al mes, lo que supone un aumento de 45 euros respecto al nivel vigente.
Incremento del 4 %
Una subida del 4 % colocaría la remuneración mínima en torno a los 1.270 euros mensuales, una diferencia de casi 49 euros con la referencia actual.
Incremento del 5 %
El escenario más agresivo, un 5 % de revalorización, elevaría el SMI a 1.282 euros al mes, lo que representa un incremento de 61 euros.
Factores que pesarán en la decisión
En reajustes anteriores, el criterio predominante había sido cumplir con la Carta Social Europea que establece que el salario mínimo debe situarse en el 60 % del salario medio. Bajo esa premisa, el ajuste del año pasado fue del 3,1 % frente a una inflación del 2,7 %. Sin embargo, la prioridad actual es evitar que la pérdida de poder adquisitivo se traduzca en mayor desigualdad. La inflación de septiembre (4,9 %) ya supera la media de los aumentos convencionales (3 % para los convenios del año y 3,7 % para los de 2026), lo que sitúa al monitoreo de precios como el factor decisivo.
Otro elemento que podría inclinar la balanza hacia una subida más cercana al IPC de cierre de año (3,4 % según datos de hasta septiembre) es la nueva directriz que obliga al comité a medir el impacto sobre los hogares con menores ingresos. La crisis de los precios energéticos y del alquiler ha puesto de relieve la necesidad de proteger a los sectores más expuestos.
Calendario político y posibles caminos
El ritmo impuesto por el Ejecutivo responde a la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Con el informe del comité previsto para el 31 de octubre, el Gobierno asegura disponer de una propuesta antes del voto. Si la cifra resultante supera los 1.270 euros, el Ejecutivo podría aprobarla mediante real decreto una prerrogativa que no requiere la convalidación del Congreso, como ha ocurrido en años recientes. En 2026, por ejemplo, la aprobación final se produjo el 16 de febrero, tras una tramitación retroactiva.
En caso de que la propuesta se publique después de las elecciones, el nuevo Gobierno —sea una continuidad o una alternancia— tendría la responsabilidad de validar o modificar la cifra. Paralelamente, se mantiene la discusión sobre una normativa que prohibiría la absorción del aumento del SMI mediante plus salariales compromiso asumido con los sindicatos para 2026 y que aún está pendiente de incorporación a la transposición de la Directiva europea de salarios mínimos.
