El pasado 6 de octubre el presidente Pedro Sánchez anunció la convalidación de dos reales decretos ley de vivienda en la Diputación Permanente, tras la disolución de las Cortes. En su intervención dijo que esas normas son «de puro sentido común y humanidad» y que «ponen pie en pared a los fondos buitre». El mensaje se difundió en su cuenta de X, donde añadió que la medida cuenta con apoyo transversal que supera las diferencias ideológicas.
Los decretos de vivienda y la ofensiva contra los fondos buitre
Los dos reales decretos buscan limitar prácticas especulativas de grandes inversores inmobiliarios calificándolos de fondos buitre. Entre las medidas, se restringe la compra masiva de viviendas para su reventa, se obliga a destinar un porcentaje de nuevas construcciones al alquiler asequible y se amplía la protección a los inquilinos frente a desalojos. Según el Gobierno, estas acciones persiguen a los especuladores sin perjudicar a los propietarios que manejan sus inmuebles de forma responsable.
El elogio anterior a BlackRock y la llegada de capital extranjero
Hace apenas dos años, la narrativa del PSOE era muy distinta. En noviembre de 2023, la cuenta del PSOE en Madrid compartió un tuit que resaltaba la primera inversión inmobiliaria de BlackRock en España, usando el hecho como prueba de que el país ofrecía seguridad jurídica y confianza a los grandes fondos. Ese mismo mes, el presidente Sánchez se reunió con Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, en Nueva York, y más tarde, en Davos 2023, volvió a coincidir con él, declarando que la gestora confiaba en las perspectivas económicas españolas y renovaba su apuesta en proyectos de sostenibilidad y digitalización.
La prensa también informó en mayo de 2024 que BlackRock había anunciado una inversión de 60.000 millones de euros en la economía española, cifra que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, citó con ironía para subrayar la «raridad» de que un fondo tan grande se fijara en un país gobernado por «socialcomunistas bolivarianos».
Contradicciones en la narrativa del PSOE
El mismo Partido Socialista que hacía alarde de la confianza de BlackRock ahora señala a los grandes fondos como el principal problema del mercado de la vivienda. La contradicción quedó patente cuando, en julio de 2025, los medios recordaron el llamado «megafondo inmobiliario» de BlackRock y su apuesta por España, mientras el Gobierno presentaba los decretos de vivienda como una respuesta directa a esa misma presencia.
Además, miembros de la oposición de izquierda, como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y diputados de Sumar, han calificado a BlackRock de «fondo buitre» en debates parlamentarios, reforzando la idea de que la administración ha pasado de abrazar a la gestora a confrontarla. Curiosamente, el propio Sánchez, en sus últimas declaraciones, no menciona a BlackRock por nombre al referirse a los fondos buitre, aunque sí utiliza la etiqueta para criticar a los especuladores inmobiliarios.
Esta oscurecida coherencia ha alimentado críticas sobre la falta de una política de vivienda estable y la posible manipulación del discurso político para obtener ventajas electorales. La convocatoria de elecciones el 29 de noviembre, después del rechazo parlamentario a los decretos, coloca a la cuestión de la vivienda y la relación con los grandes fondos en el centro del debate electoral.
El contraste entre ambas posturas plantea interrogantes sobre la consistencia de la política habitacional del Gobierno y sobre el papel que desempeñarán los grandes inversores en el futuro del mercado inmobiliario español.
