El Comité Europeo de Derechos Sociales ha lanzado un nuevo aviso sobre la legislación española en materia de despidos improcedentes. Esta vez, el foco está en las quejas presentadas por los sindicatos CCOO y UGT, quienes han señalado que las indemnizaciones y la protección laboral en nuestro país dejan mucho que desear.
¿Pero qué significa esto realmente para los trabajadores españoles?
El fallo del Comité: un golpe para la legislación española
Este segundo revés del Comité se basa en las denuncias de los sindicatos, que argumentan que España está incumpliendo el artículo 24 de la Carta Social Europea, una norma ratificada por el país en 2021.
Este artículo es claro: garantiza a los trabajadores una protección efectiva en caso de despido, exigiendo razones válidas y asegurando indemnizaciones adecuadas para aquellos que son despedidos sin causa justificada.
El dictamen es contundente: “por unanimidad, hay una violación del Artículo 24.b de la Carta en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente”.
Esto pone de manifiesto que la legislación española no solo es insuficiente, sino que, según el Comité, en realidad podría incentivar a los empresarios a optar por despidos improcedentes al carecer de un marco que los desincentive.
Además, el fallo también toca el tema de la readmisión.
Aunque se deja claro que la decisión final depende de los tribunales nacionales, el Comité argumenta que esta debería ser una opción viable en casos de despidos sin causa justa. La falta de oportunidades para que los tribunales evalúen la readmisión es, según el Comité, una violación del Artículo 24.b de la Carta.
Indemnizaciones y despidos: un tema candente
Uno de los puntos más críticos del Comité gira en torno a las indemnizaciones por despido improcedente, especialmente en el caso de los trabajadores temporales. El Comité sostiene que las condiciones aplicadas a estos trabajadores deberían ser equivalentes a las de los empleados fijos.
¿Por qué? Porque los topes establecidos por la legislación actual son, a su juicio, inadecuados para compensar los daños sufridos. Esto es especialmente relevante para aquellos en la administración pública, quienes frecuentemente reciben indemnizaciones inferiores tras la finalización de sus contratos.
El Gobierno español no ha tardado en responder a estas críticas. Aunque rechaza la denuncia de los sindicatos, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que estos dictámenes podrían servir como un catalizador para una reforma legislativa. La propuesta que se está considerando incluiría un aumento en las indemnizaciones, teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada trabajador, en un intento de aumentar la disuasión para los empleadores.
Las implicaciones de la Carta Social Europea
El debate sobre la obligatoriedad de la Carta Social Europea y los fallos del Comité está en el centro de la discusión. Aunque la Carta no se considera directamente vinculante para los marcos normativos de los Estados miembros, la ratificación por parte de España en 2021 cambia las reglas del juego. Según el Consejo de Estado, el protocolo que establece un sistema de reclamaciones colectivas implica que las decisiones del Comité son de obligatorio cumplimiento. ¿Está el Gobierno español preparado para este desafío?
La situación presenta un reto significativo para el Gobierno, que deberá encontrar la forma de adaptar su legislación laboral a las exigencias del Comité Europeo. La presión de los sindicatos y la opinión pública para lograr una reforma que garantice una protección efectiva para los trabajadores será crucial en los próximos meses. ¿Estamos ante un cambio real en la protección laboral en España?
