El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció el 23 de febrero de 2026 que el Govern remitirá al Parlament el proyecto de Presupuestos de 2026 el viernes, aun cuando la negociación con ERC no ha arrancado. Con este movimiento, Illa pretende marcar la agenda política y responder a la demanda de los agentes socioeconómicos por disponer de cuentas propias que permitan gobernar con certidumbre.
La presentación llega en un contexto de excepcionalidad financiera: tanto la Generalitat como el Estado están encadenando prórrogas de las cuentas, y las diferencias entre fuerzas políticas han pospuesto la aprobación. Al mismo tiempo, episodios como el accidente ferroviario de Gelida y la convalecencia del propio Illa han tensionado el debate público y acelerado la urgencia política.
Motivaciones y contexto político
Tras su retorno a la actividad y la declaración pública de estar «más determinado que nunca», Illa ha optado por adelantarse y fijar plazos. El objetivo oficial es facilitar el debate parlamentario y mostrar iniciativa ante patronales y sindicatos que reclamaban unidad.
Patronales y sindicatos llevan meses pidiendo un acuerdo que desbloquee las cuentas y reduzca la incertidumbre económica en Cataluña.
Factores que presionan al Govern
En el escenario pesa la necesidad de estabilidad presupuestaria: se han acumulado ya tres prórrogas de las cuentas por falta de consenso. Además, el accidente ferroviario de Gelida puso en evidencia problemas de mantenimiento de la red ferroviaria estatal, lo que alimenta la percepción de crisis en servicios públicos. La reciente baja médica de Illa —convalecencia por una patología infecciosa— también condicionó el calendario político; su regreso precipitó el anuncio del envío del proyecto.
La reacción de ERC y sus condiciones
Antes del acto público de Illa, ERC volvió a plantear sus exigencias para apoyar las cuentas tanto en la Generalitat como en el Congreso. La propuesta más destacada es la recuperación de la Hacienda propia, y en concreto que sea la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) la que asuma la recaudación del IRPF. Este punto quedó excluido del nuevo sistema de financiación y los republicanos pretenden blindarlo como condición política.
Implicaciones de la reclamación fiscal
Si prosperara, la gestión del IRPF por la ATC supondría un cambio en la estructura de recaudación y requeriría acuerdos técnicos y legales con el Estado. La reivindicación de ERC no solo es simbólica —buscar mayor control fiscal—, sino que tiene efectos prácticos sobre recursos y competencias, lo que explica la resistencia y la complejidad de la negociación.
Acuerdos paralelos y críticas del sector privado
La semana anterior, el Govern alcanzó un pacto con En Comú Podem que incluyó una reforma legislativa para limitar las compraventas de vivienda por parte de los grandes inversores. Esa medida busca proteger el acceso a la vivienda frente a la concentración de propiedades, pero ha suscitado la frontal oposición del sector inmobiliario y de Foment del Treball, que calificó la iniciativa de «filocomunista».
El choque de posiciones refleja la tensión entre políticas sociales orientadas a la regulación del mercado y lobbies empresariales que defienden la libertad de inversión. En este marco, la presentación del proyecto de Presupuestos pretende abrir un proceso de negociación amplio, aunque los aliados necesarios para su aprobación no están todavía asegurados.
Escenario posible y próximos pasos
Con la remisión del proyecto al Parlament, arranca formalmente el calendario parlamentario. El resultado dependerá de la capacidad del Govern para tejer pactos: ERC sigue siendo clave tanto para la aprobación autonómica como para posibles apoyos en el Congreso. Illa ha tendido la mano al resto de grupos y les ha pedido que se sienten y negocien, pero la respuesta de los republicanos y el alcance de sus condiciones marcarán el desenlace.
El itinerario parlamentario y las conversaciones entre partidos determinarán si el proyecto prospera con los votos necesarios o si persistirá la situación de prórrogas y bloqueo presupuestario.