Recientemente, la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de la vicepresidenta María Jesús Montero, han alcanzado un acuerdo significativo. Este propone un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de ordinalidad. Este principio, fundamental en el contexto de las comunidades autónomas ricas, asegura que, tras realizar sus contribuciones al sistema, estas no vean disminuidos sus ingresos tributarios por habitante.
Esto representa un cambio notable en la actual distribución, donde Cataluña, a pesar de ser una de las comunidades que más aporta, ocupa una posición más baja en términos de ingresos por habitante.
Con la llegada de las festividades y un mes hábil por delante, el tiempo se ha vuelto un factor crítico para culminar las negociaciones.
Aunque los portavoces de la Generalitat han optado por el silencio, el Ministerio de Hacienda ha indicado que no puede ofrecer más detalles más allá de lo que expresó Montero tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta última declaró que la ordinalidad es una opción a considerar en el nuevo modelo.
Un sistema más equitativo
El enfoque en la ordinalidad busca no solo aumentar los fondos disponibles para las comunidades autónomas, sino también redistribuirlos de manera que beneficie a las regiones más pobladas. Esto incluye a Madrid y las comunidades del Levante, como Andalucía, Valencia, Cataluña, Baleares y Murcia. La implementación de este principio promete estabilizar el sistema a largo plazo, evitando que el crecimiento económico favorezca desproporcionadamente a las comunidades menos densamente pobladas, como ha ocurrido en el modelo actual.
Implicaciones de la ordinalidad
La ordinalidad tiene como objetivo reducir las diferencias extremas en la financiación que actualmente existen entre comunidades. En el modelo vigente, la comunidad mejor financiada recibe un 31% más que la menos favorecida. El compromiso del Ministerio de Hacienda es que, siguiendo este principio, las diferencias se reduzcan significativamente, idealmente manteniendo un rango del 2% al 5% entre la comunidad más y la menos financiada.
Este acuerdo también tiene un trasfondo político importante, ya que ERC ha estado monitoreando las negociaciones de cerca. La aceptación del principio de ordinalidad es una condición esencial para que ERC apoye la reforma legal necesaria en el Congreso y respalde los presupuestos de la Generalitat de Salvador Illa.
El papel de la población ajustada
Uno de los elementos cruciales en el nuevo modelo es la definición de la población ajustada, que considera características demográficas como el número de niños, ancianos, la dispersión geográfica y la extensión territorial. Este coeficiente es vital para calcular las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma, y su impacto en la distribución de recursos puede ser decisivo.
En Cataluña, la población ajustada se sitúa en un 17,2%, lo que es ligeramente inferior a su peso demográfico sin ajustes. Esto implica que, en comparación con otras comunidades como la Comunidad Valenciana y Andalucía, su resultado es menos favorable, en parte debido a la concentración de su población en grandes ciudades, lo que reduce los costes de los servicios públicos.
Perspectivas futuras y desafíos
Si se logran establecer todos los objetivos propuestos, se espera que la financiación para las comunidades autónomas se incremente, beneficiando particularmente a aquellas con mayores poblaciones. En este contexto, Cataluña podría recibir hasta 4.500 millones de euros adicionales al año para sus necesidades sociales. Sin embargo, esto solo será posible si el Ministerio de Hacienda no reduce significativamente la cifra de población ajustada, ya que esto podría distorsionar el modelo.
En última instancia, el objetivo del Ministerio es crear un sistema más equitativo que aborde las disparidades actuales en la financiación. En el presente, la brecha entre las comunidades con mayores y menores ingresos tributarios es del 15%. Se espera que, en el futuro, esta diferencia se reduzca sustancialmente, garantizando así una distribución más homogénea de los recursos entre las comunidades autónomas.