Recientemente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha hecho pública una serie de declaraciones sobre Leire Díez, una exmilitante que trabajó como periodista para el PSOE de Cantabria. La documentación presentada ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid revela que el partido reconoció haber realizado un pago total de 15.612,04 euros brutos a Díez por sus servicios en el año 2017.
A pesar de esta admisión, el PSOE ha enfatizado que no existe evidencia de que Díez haya ocupado algún cargo orgánico dentro del partido. Su historial menciona que fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas, en Cantabria, entre 2011 y 2015, pero su relación laboral con el PSOE se limita a su trabajo como periodista.
Detalles sobre la militancia de Leire Díez
La documentación indica que Leire Díez se dio de alta como militante del PSOE el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete, en Vizcaya. Posteriormente, se trasladó a la agrupación de Vega de Pas, donde se dio de baja el 4 de junio de 2026.
El juez ha solicitado información adicional sobre su afiliación al partido, incluyendo detalles sobre actividades desempeñadas y si recibió alguna remuneración por estas. Este requerimiento se enmarca dentro de una investigación más amplia que involucra a Díez y otros individuos en un caso de presunta corrupción.
Investigación en curso y arrestos
La situación se ha complicado tras la detención de Leire Díez y del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, el pasado 10 de diciembre. Ambos fueron arrestados por la Guardia Civil en el marco de una investigación que busca esclarecer irregularidades en contrataciones públicas.
Esta operación fue impulsada por la Audiencia Nacional y está siendo manejada por el juez Antonio Piña, quien ha llevado a cabo los primeros pasos de este caso, que ahora está bajo secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción también está involucrada, lo que añade un nivel de seriedad a la situación.
Delitos y acusaciones
Las acusaciones contra Díez incluyen presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. A principios de noviembre, el juez Arturo Zamarriego tomó su declaración, en la cual ella negó cualquier vínculo con el partido o la oferta de favores a cambio de información. Sin embargo, el juez considera que podría estar al frente de una red delictiva coordinada con otros involucrados.
Según las investigaciones, Díez supuestamente colaboró con un empresario y un periodista para obtener información que podría perjudicar a funcionarios públicos, apuntando a un patrón más amplio de corrupción que involucra a personas con influencia en la administración pública.
Medidas cautelares y consecuencias financieras
Tras su detención, el juez decidió liberar a Leire Díez y a Vicente Fernández con medidas cautelares, que incluyen la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del país. Además, se han bloqueado sus cuentas bancarias en relación con la investigación sobre comisiones y contratos fraudulentos.
Los indicios sugieren que la trama en la que están involucrados podría haber generado hasta 700.000 euros en comisiones, afectando a diversas entidades públicas y empresas vinculadas a la SEPI. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado investigando este caso, que ha revelado la existencia de un grupo autodenominado Hirurok, que supuestamente manipuló expedientes administrativos para su beneficio o el de terceros.
A pesar de esta admisión, el PSOE ha enfatizado que no existe evidencia de que Díez haya ocupado algún cargo orgánico dentro del partido. Su historial menciona que fue concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas, en Cantabria, entre 2011 y 2015, pero su relación laboral con el PSOE se limita a su trabajo como periodista.0