Recientemente, un juez del Tribunal Supremo ha dado un paso significativo en la investigación sobre un supuesto amaño en adjudicaciones de obras públicas en España. Esta investigación involucra a varios empresarios y exfuncionarios, entre ellos el exministro José Luis Ábalos.
El magistrado ha ordenado registros en los domicilios de cinco empresarios que, aunque no están bajo investigación directa, aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que sugiere su posible implicación en este caso de corrupción.
Índice de contenido:
Detalles de la investigación y su alcance
Según el informe de la UCO, los contratos en cuestión fueron adjudicados a destacadas constructoras como Acciona, Obras Públicas y Regados (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Estos proyectos se distribuyen en varias comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, Región de Murcia y Teruel.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado acceso a los domicilios de estos empresarios para llevar a cabo la investigación.
La base de esta acción se encuentra en grabaciones realizadas por Koldo García, quien era asesor de Ábalos. Las grabaciones, que abarcan desde 2019 hasta 2023, fueron incautadas durante una operación en febrero de 2024.
En estas conversaciones, se evidencia que García, Ábalos y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, discutían sobre el cobro de presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con las adjudicaciones de obras.
Implicaciones de los empresarios involucrados
Entre los empresarios que se mencionan en el informe, destaca un excargo de Acciona, cuyo vínculo con Koldo García es objeto de análisis.
La UCO señala que este empresario pudo haber ejercido influencia sobre García con el fin de facilitar la adjudicación irregular de obras a su empresa. Según las grabaciones, este empresario mencionó en varias ocasiones proyectos de interés para Acciona, sugiriendo un posible intercambio de favores.
Además, la UCO documentó el primer contacto entre García y uno de los empresarios, que data de 2015, a través de un correo en el que se planteaban dudas sobre un pliego y un contrato futuro. Se han encontrado numerosas anotaciones en el calendario de García que indican contactos continuos con este empresario, lo que refuerza la idea de una relación cercana entre ambos.
Reacciones de las empresas implicadas
Acciona ha emitido un comunicado expresando su sorpresa y preocupación ante el informe de la UCO, enfatizando su desconocimiento sobre las acciones de su exempleado Merino, quien fue despedido en 2021. La empresa ha anunciado que llevará a cabo una investigación interna y tomará las medidas legales pertinentes si se confirman conductas delictivas.
Por otro lado, se ha destacado el papel de otras sociedades como Noran Coop y Servinabar, que están relacionadas con adjudicaciones en Navarra. El análisis de las grabaciones sugiere que Alonso Egurrola, un empresario vinculado a estas sociedades, pudo haber realizado pagos a García y Ábalos, utilizando su red empresarial para facilitar estos intercambios.
Conclusiones sobre el contexto actual
La situación se complica aún más con la revelación de que algunos de los empresarios involucrados han mantenido estrechos vínculos con figuras políticas, lo que sugiere que las conexiones entre el sector privado y el público podrían haber influido en la obtención de contratos públicos. El magistrado ha autorizado el registro de domicilios y la obtención de correos electrónicos corporativos para esclarecer estos vínculos y determinar si ha habido irregularidades en las adjudicaciones de obras.
La UCO ha señalado que las investigaciones continúan y se prevén más desarrollos en el futuro. Esto resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, especialmente en tiempos donde la confianza en las instituciones es crucial.
