La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en la sede del PSOE en la calle Ferraz para recabar documentación que forma parte de una investigación ordenada por la Audiencia Nacional. La operación, autorizada por el juez Santiago Pedraz, se ha centrado en contratos y transferencias que los investigadores consideran relevantes para determinar si existió financiación ilegal o movimientos económicos fuera de la contabilidad oficial.
El despliegue también incluyó registros en domicilios de exdirigentes y colaboradores vinculados a la causa, entre ellos Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. La investigación abarca varias ramas, entre las que destacan las relacionadas con el denominado caso SEPI y la figura de Leire Díez, así como la búsqueda de pruebas sobre aportaciones en efectivo y un sistema de microcréditos lanzado por el partido.
Qué busca la UCO en Ferraz y domicilios relacionados
Los agentes han solicitado archivos electrónicos, contratos y documentación contable que puedan aclarar el origen y destino de determinados pagos. Entre los objetivos figura verificar la existencia de microcréditos y donaciones que no aparezcan en los libros oficiales, así como rastrear presuntos pagos en efectivo o transferencias realizadas a personas físicas vinculadas al partido.
La campaña de recaudación y los microcréditos
El PSOE presentó una iniciativa de captación de fondos llamada microcréditos verdes que buscaba recursos para la modernización de su sede y proyectos de sostenibilidad. La Fiscalía Anticorrupción y los investigadores quieren contrastar la documentación entregada por el propio partido con movimientos bancarios y declaraciones de terceros para comprobar si esos instrumentos fueron utilizados conforme a la normativa o si ocultaron otros flujos de financiación.
Pagos fuera de la contabilidad y empresas vinculadas
Según fuentes judiciales, la UCO ha identificado ya pagos al partido que no constaban en la contabilidad oficial. Además, se investiga la relación entre determinadas empresas y personas vinculadas al PSOE para determinar si existieron contraprestaciones por contratos públicos o favores administrativos. Estas piezas se articulan con pesquisas sobre adjudicaciones investigadas en el marco del caso SEPI.
Contexto judicial: causas y responsabilidades que se investigan
La operación forma parte de una serie de diligencias que conectan distintos procedimientos: la denominada trama del caso Leire Díez, pesquisas sobre contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y causas abiertas en diferentes órganos judiciales. El juez Pedraz ha ordenado registros y citaciones con el objetivo de recabar pruebas que permitan decidir si se atribuye al PSOE como persona jurídica el delito de financiación ilegal o si determinados gestores deben ser investigados de forma individual.
Imputaciones y detenciones previas
En fases anteriores se han producido detenciones y diversas imputaciones: el caso incluye a exdirectivos de la SEPI, empresarios y exmilitantes. Varios implicados fueron arrestados en operaciones relacionadas con presuntos amaños y cobros irregulares, y algunos quedaron luego en libertad. La investigación baraja delitos como pertenencia a organización criminal, prevaricación y tráfico de influencias en distintas piezas del expediente.
El PSOE y la respuesta institucional
El partido ha defendido la legalidad de su contabilidad y ha entregado documentación que, según su versión, explica el mecanismo de captación de fondos. Sin embargo, los fiscales del caso insisten en que los informes del Tribunal de Cuentas se limitan a los datos facilitados por los partidos, por lo que la investigación judicial requiere contraste independiente de movimientos bancarios y pruebas adicionales obtenidas en los registros.
Secreto de sumario y protección de información sensible
La causa permanece bajo secreto de sumario. El PSOE ha solicitado que así se mantenga para evitar la difusión de información sensible sobre sus finanzas y que los investigadores excluyan datos irrelevantes del informe final. Los magistrados y la Fiscalía evaluarán la documentación que aporte la UCO antes de decidir posibles imputaciones a la formación como persona jurídica o a responsables concretos por presuntos cobros sin justificar.
Próximos pasos procesales
Una vez remitido el informe de la UCO al juzgado, la Fiscalía Anticorrupción y el juez analizarán la documentación para determinar si existen indicios suficientes para formular acusaciones. Es probable que se prolongue el secreto durante semanas o meses mientras se realizan nuevas diligencias, se cotejan extractos bancarios y se recaban testimonios de terceros implicados.
En paralelo, otras líneas de investigación que conectan con el caso hidrocarburos y presuntas comisiones por adjudicaciones públicas siguen abiertas en distintos tribunales, por lo que el mapa procesal que rodea a estas pesquisas continúa en evolución y puede dar lugar a nuevas actuaciones en distintos ámbitos judiciales.
