Después de las vacaciones, las cosas se están poniendo serias en el ámbito político catalán. ERC y Junts han dejado bien claro su objetivo: exigir al Gobierno español el cumplimiento de las transferencias y prerrogativas que habían prometido para 2023 y 2024.
Los líderes de ambos partidos han adoptado un tono desafiante, y no es para menos; el otoño podría traer consigo acontecimientos cruciales en su relación con el Gobierno. Carles Puigdemont, líder de Junts, no ha dudado en señalar que esto es más una advertencia que un ultimátum, lo que evidencia la creciente tensión en el bloque independentista.
Demandas de ERC y Junts
ERC, que está en una lucha interna con Junts por el liderazgo del movimiento secesionista, ha llegado incluso a sugerir la destitución de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque lo hace de manera implícita.
Para ellos, avanzar hacia una hacienda propia y mantener la financiación bilateral son conceptos incompatibles. Y es que Montero se presenta como la cabeza de lista del PSOE en Andalucía, una comunidad que podría verse muy afectada por los cambios en el sistema fiscal.
¿Quién puede ignorar la magnitud de estas decisiones?
Oriol Junqueras, líder de ERC, ha sido claro: el Gobierno tiene que establecer plazos concretos, tal como se hizo con la reestructuración de la deuda. La semana pasada, ERC anunció que, a principios de septiembre, el Estado asumirá una parte significativa del pasivo de la Generalitat, dando inicio a un proceso parlamentario que esperan concluir en diciembre para implementar en enero de 2024.
¿Te imaginas las implicaciones de esto?
Las claves de la agenda secesionista para los próximos meses giran en torno a la creación de una hacienda propia y la financiación bilateral. Estos acuerdos, alcanzados a finales de julio del año pasado, fueron a cambio de facilitar la entrada de Illa al Gobierno.
A mediados de julio, se presentaron las bases del nuevo modelo fiscal, que requieren cambios legislativos significativos y cuya aprobación está en entredicho debido a las reservas manifestadas por Junts y el rechazo de un diputado de Compromís. ¿Será posible llegar a un consenso?
Impacto en la gestión y servicios públicos
Uno de los cambios más notables será la gestión de los servicios de cercanías en Cataluña. A partir del 1 de enero, dejarán de depender de Renfe y serán administrados por una nueva empresa que estará mayoritariamente controlada por la Generalitat. Aunque este cambio ya era esperado, podría generar problemas de gobernabilidad si las administraciones tienen diferentes orientaciones políticas. Para muchos trabajadores, seguir bajo el paraguas de Renfe es vital para mantener sus condiciones laborales. ¿Cómo afectará esto a los usuarios?
Por otro lado, la Generalitat también asumirá líneas de ancho ibérico que hasta ahora estaban bajo la gestión de Renfe, incluyendo un nuevo servicio premium entre el centro de Barcelona y el Aeropuerto del Prat. Estos movimientos reflejan una estrategia hacia una mayor autonomía en la gestión de servicios esenciales. ¿No crees que esto podría ser un gran paso hacia adelante?
El contexto político y las tensiones con el Gobierno central
Las tensiones entre ERC, Junts y el Gobierno de Sánchez son palpables, especialmente en un momento en que la política de apaciguamiento del PSOE parece estar dando resultados mixtos. Según las encuestas, el apoyo a la secesión ha disminuido, aunque en julio se registró un ligero aumento. Sin embargo, el desafío continúa con la irrupción de partidos secesionistas de ultraderecha, lo que complica aún más el panorama político en Cataluña. ¿Hasta dónde llegarán estas tensiones?
Esta situación se complica con la cercanía de las elecciones autonómicas, donde el bloque independentista se enfrenta a un reto significativo. Con la llegada de Puigdemont a la Generalitat hace ocho años, tras las elecciones plebiscitarias, el panorama político ha cambiado drásticamente, especialmente después de su exilio y las condenas judiciales que han marcado su carrera. ¿Qué futuro le espera a este movimiento?
La legalidad de las decisiones tomadas por el Gobierno español sobre la amnistía y la hacienda propia está siendo cuestionada no solo por la oposición interna, sino también por organismos internacionales, lo que añade otra capa de complejidad a esta situación. A medida que se acercan las elecciones, los partidos deberán navegar en un entorno cada vez más polarizado y desafiante. ¿Estás listo para ver cómo se desarrollan estos acontecimientos?
