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17 noviembre 2026

Escándalo de donaciones: UCO, Tribunal de Cuentas y la defensa de Ábalos

La UCO solicita al Tribunal de Cuentas explicaciones sobre las donaciones al PSOE mientras Ábalos denuncia irregularidades en el registro de su domicilio.

Escándalo de donaciones: UCO, Tribunal de Cuentas y la defensa de Ábalos

Una nueva diligencia llevada a cabo el pasado jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo la lupa los recursos económicos que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recibió entre 2017 y 2024. El requerimiento, emitido bajo la autoridad del magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, se dirigió a la sede del Tribunal de Cuentas con el objetivo de esclarecer si existieron omisiones o manipulaciones en los informes que esa entidad supervisora presentó sobre las cuentas del partido.

Durante la visita, los agentes junto a la letrada de la Administración de Justicia interrogaron a varios técnicos del Tribunal. Las preguntas, definidas como una diligencia de constancia y no como un interrogatorio formal, se centraron en los procedimientos internos que regulan la elaboración de los dictámenes contables y en la cadena jerárquica que responsabiliza a los funcionarios que redactan dichos informes. Los investigadores buscaban identificar quién, dentro del órgano fiscalizador, lleva a cabo el cruce de datos y bajo qué criterios se decide la inclusión o exclusión de determinadas donaciones.

Los técnicos explicaron que la información que remitieron a la Audiencia Nacional se basa en los datos que el propio PSOE entrega, en los registros bancarios y en los informes del Tribunal. No obstante, la UCO detectó un desfase notable entre las sumas declaradas por la formación y los documentos aportados por entidades financieras, lo que originó la sospecha de un posible esquema de “pitufeo”: la supuesta práctica de disfrazar pagos de constructores a cambio de adjudicaciones de obras públicas, canalizándolos como donaciones. Según la hipótesis, estos ingresos habrían sido captados durante la gestión del exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, cuando dirigía el Ministerio de Transportes.

En la comisión del Tribunal de Cuentas encargada de los partidos políticos, la consellera designada por el PSOE, Dolores Genaro Moya, estuvo presente durante toda la jornada de requerimientos y facilitó el acceso a los archivos en la calle Padre Damián. En contraste, la representante designada por el Partido Popular, Elena Hernández Salguero, se encontraba fuera del país, razón por la cual los agentes no pudieron contar con su colaboración directa.

Ante las incógnitas surgidas, el magistrado Moreno exigió al Tribunal de Cuentas la emisión, en un plazo de diez días, de un informe ampliado que explique las causas de las diferencias detectadas y detalle cualquier documento que, a su juicio, no haya sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional. El objetivo es determinar si la omisión deriva de una simple laguna administrativa o de una intención deliberada de ocultar recursos.

Ábalos denuncia irregularidades y Aldama asegura financiamiento ilícito

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado a la Audiencia Nacional que anule el registro efectuado el 5 de noviembre en su vivienda de Valencia por la UCO. La defensa argumenta que la entrada se realizó sin la presencia del investigado, pese a que su paradero era conocido, y sin que se le comunicara previamente el auto judicial que autorizaba la intervención. Además, se impugna la incautación de dispositivos electrónicos instalados en una zona del inmueble que, según el escrito de la defensa, no estaba incluida en la autorización.

El hijo de Ábalos, que ha apoyado públicamente la reclamación, ha calificado la actuación como una vulneración de la inviolabilidad del domicilio y de los derechos a la defensa. En sus declaraciones, acusó al empresario Víctor de Aldama de mentir al afirmar que el PSOE se habría financiado con comisiones de contratos públicos, calificando sus palabras de “cero credibilidad”. Aldama, por su parte, sostuvo que, una vez levantado el secreto de sumario, quedará demostrado que el partido recibió el dinero de dichas comisiones en un 100 %.

Aldama vinculó el supuesto desvío a los contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia, a adjudicaciones de obras públicas y a operaciones en el sector de los hidrocarburos. Según sus declaraciones, gran parte de esas comisiones habrían ido directamente a las arcas del PSOE y, presuntamente, a la cuenta del presidente Pedro Sánchez. La defensa de Ábalos ha rechazado rotundamente esas acusaciones, señalando que no existen pruebas documentales que respalden las afirmaciones del empresario.

Líneas de investigación que la UCO sigue persiguiendo

Uno de los focos principales de la investigación es el notable aumento de los ingresos del PSOE durante el año 2020, cuando la crisis sanitaria provocó restricciones y la actividad económica se redujo drásticamente. Las cifras aportadas por el partido indican que las donaciones recibidas se triplicaron respecto a años anteriores, lo que ha despertado sospechas sobre la procedencia de esos recursos. Los agentes buscan determinar si alguna parte de ese cúmulo quedó al margen de los controles oficiales, creando una posible caja B no registrada.

En este contexto, los hermanos Cristián y Rubén Corvillo aparecen vinculados a varias causas judiciales. Cristián fue conductor del propio presidente durante la campaña interna de 2017 y su nombre se asocia a investigaciones sobre mascarillas, obras públicas y presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Rubén, por su parte, dirige una sociedad que habría participado en el presunto fraude de los carburantes, con rastros financieros en la localidad portuguesa de Elvas, coincidencia que también involucra a David Sánchez, hermano del presidente.

Otro eje de escudriñación es la plataforma “Bancal de Rosas”, creada para canalizar aportaciones económicas destinadas a la campaña de primarias del PSOE en 2017. Entre los involucrados se encontraba Francisco Martín, quien más tarde ocupó el cargo de delegado del Gobierno y, recientemente, ha sido nombrado en la empresa pública Tragsa. La UCO analiza si los recursos recaudados a través de esa herramienta fueron gestionados fuera de los cauces habituales del partido.

El magistrado Moreno ha solicitado al Tribunal de Cuentas que, junto al informe de la UCO, entregue un documento complementario que aclare la existencia de facturas desaparecidas o conceptos indescifrables. La combinación de testimonios de los técnicos del órgano supervisor, las denuncias de Ábalos y las declaraciones de Aldama configuran un escenario judicial que podría prolongarse durante varios meses, sobre todo de cara a la campaña electoral que se avecina.

Autor

Marta Ruiz