En un acto celebrado en el CSIC y con la participación de economistas internacionales, el presidente del Gobierno español abogó por avanzar hacia una fiscalidad más progresiva para atajar la concentración de riqueza. La propuesta central consiste en promover un impuesto global sobre patrimonios muy elevados como complemento del actual Impuesto de Patrimonio en España, que el Ejecutivo reivindica como único en la Unión Europea con alcance general.
La intervención resaltó la necesidad de combinar medidas fiscales con políticas de empleo y educación para reducir la desigualdad estructural. Además, se presentó una hoja de ruta que incluye estudios longitudinales sobre generaciones y programas de inclusión laboral orientados a beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Propuesta de impuesto global y colaboración internacional
El Gobierno respaldó públicamente la iniciativa del economista Gabriel Zucman, que plantea un gravamen anual del 2% sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros. Según los promotores, esta tasa actuaría como un suplemento al impuesto interno, afectando únicamente a las fortunas que hayan tributado por debajo de ese umbral en sus respectivos países.
La idea es crear un mínimo tributario internacional análogo al tipo mínimo aplicado a sociedades.
El Ejecutivo español subrayó que la medida no sustituiría al Impuesto de Patrimonio, sino que lo completaría. Con esta batería normativa, según el Gobierno, se busca impedir la competencia fiscal entre territorios y evitar que grandes fortunas eludan una contribución mínima. Además, se anunció una colaboración entre el Observatorio Fiscal y Hacienda para analizar la progresividad del sistema tributario español.
Alianza con expertos y apoyo a iniciativas multilaterales
Durante el acto intervino, a través de un vídeo, el premio Nobel Joseph Stiglitz, que recordó el elevado reparto de la nueva riqueza en las últimas décadas. El Gobierno también avanzó su intención de promover ante instancias internacionales la creación de un panel sobre desigualdad propuesto por Stiglitz, con el objetivo de fomentar coordinación y consenso global.
Fiscalidad doméstica y críticas a privilegios fiscales
El presidente defendió las reformas fiscales impulsadas durante su mandato orientadas a gravar mayores rentas y sectores con mayor capacidad de pago, como la banca, las grandes tecnológicas y las energéticas. No obstante, admitió las limitaciones derivadas de la aritmética parlamentaria y de fricciones con comunidades autónomas que, según él, aplican regalos fiscales que favorecen a las élites.
En su discurso se criticó la existencia de ventajas regionales que, a juicio del Gobierno, perpetúan la desigualdad y dificultan la aplicación de instrumentos nacionales para controlar la escalada de precios del suelo y la vivienda. La administración insistió en la necesidad de revisar la tributación de la riqueza en el marco del sistema de financiación autonómica para evitar prácticas desleales entre territorios.
El debate interno y la vigencia de impuestos especiales
El Ejecutivo también mencionó la caducidad cercana de gravámenes temporales —en particular los relacionados con el sector financiero— y la discusión sobre cómo sustituir o prorrogar estas figuras para mantener niveles de recaudación. En este contexto, los servicios del Gobierno señalaron que la creación de nuevas tasas a ultrarricos podría compensar pérdidas futuras y financiar prestaciones sociales.
Empleo, infancia y seguimiento de trayectorias
Además de la agenda fiscal, se presentó un paquete de medidas destinadas a mejorar la integración laboral de personas vulnerables. El Gobierno anunció programas específicos para mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias del IMV, con el fin de facilitar su tránsito hacia empleos sostenibles y de calidad.
Se destacó también el lanzamiento del estudio Generaciones del Futuro, liderado por el CSIC junto al INE y la Oficina de Prospectiva, que seguirá la evolución vital de miles de personas desde la infancia para evaluar el impacto de su origen social, económico y territorial en sus oportunidades. Este proyecto pretende ofrecer evidencia robusta para diseñar políticas públicas más efectivas.
Resultados esperados y objetivos sociales
El Ejecutivo planteó que la combinación de una mayor progresividad fiscal, políticas activas de empleo y programas de apoyo a la infancia puede reducir la brecha de oportunidades y la pobreza infantil. Los responsables señalaron que medidas como la propuesta del 2% para ultrarricos podrían financiar prestaciones universales de apoyo a la crianza y otros programas sociales.
El objetivo declarado por el Gobierno es limitar la concentración de riqueza y garantizar que la recuperación económica llegue de forma más equilibrada a la ciudadanía.