La Corte Suprema de Estados unidos emitió un fallo clave el 20 de febrero de 2026 al declarar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles. La resolución, adoptada por seis votos contra tres, confirma el criterio de instancias inferiores y subraya que la facultad de gravar pertenece al Congreso según el artículo I de la Constitución.
Más allá del aspecto constitucional, el pronunciamiento tiene consecuencias prácticas inmediatas: plantea la posibilidad de reclamaciones por decenas de miles de millones de dólares, deja sin resolver la forma en que se tramitarían los reembolsos y abre un escenario de litigios prolongados en el que ya hay actores que se anticiparon a la sentencia.
Qué dijo la corte y por qué importa
Los jueces concluyeron que la palabra regular en la IEEPA no equivale a una autorización para introducir impuestos o derechos aduaneros. El tribunal argumentó que cuando el Congreso delega potestades que afectan de manera sustancial la economía y la política nacional —la llamada doctrina de las preguntas importantes— lo hace de forma expresiva y con límites claros; la IEEPA carece de ese lenguaje.
En consecuencia, la mayoría consideró que imponer aranceles con dicha ley vulnera la separación de poderes y el monopolio congresual sobre la recaudación.
Este criterio no solo es teórico: hasta el 10 de diciembre de 2026 la administración había recaudado cerca de 129.000 millones de dólares por aranceles específicamente vinculados a la IEEPA, según datos oficiales citados por el gobierno. Otros registros apuntan a cifras superiores cuando se consideran todos los gravámenes aplicados entre enero y diciembre de 2026.
Impacto económico y quiénes resultaron afectados
El fallo aumenta la incertidumbre sobre quién asumió finalmente el coste de esos gravámenes. Investigaciones y análisis previos indicaban que la mayor parte del incremento de costes recayó en los importadores estadounidenses: un estudio del Council on Foreign Relations señalaba que en junio del año anterior el 64% del aumento fue absorbido por importadores, el 14% por exportadores extranjeros y el 22% restante se trasladó a precios al consumidor.
Por sectores, los más expuestos fueron la industria textil, la de juguetes y la alimentaria, ya que importan grandes volúmenes de bienes finales. Minoristas, mayoristas y fabricantes con cadenas globales vieron incrementados sus costes operativos, y muchos no podían negociar reducciones equivalentes con proveedores foráneos.
Reclamaciones y litigios ya en marcha
Antes del fallo, más de 1.500 empresas importadoras y minoristas habían presentado recursos ante autoridades comerciales y tribunales en Estados Unidos como medida preventiva. Con la sentencia, se espera una avalancha de reclamaciones adicionales que podrían sumar, según algunas estimaciones públicas, en torno a 170.000 millones de dólares en disputas relacionadas con los aranceles aplicados bajo la IEEPA.
Obstáculos para devolver lo recaudado y próximas maniobras
El fallo dejó sin contestar cuestiones prácticas: la Corte no determinó si los importadores tendrán derecho automático a reembolsos ni estableció un procedimiento para ello. Para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza deje de cobrar o devuelva cantidades se requerirá acción ejecutiva, posibles cambios normativos o decisiones administrativas concretas, lo que sugiere un proceso burocrático largo y complejo.
Además, en las horas posteriores al fallo la administración anunció movimientos para seguir gravando importaciones por otras vías legales, incluyendo la posibilidad de aplicar una tarifa global del 10% amparada en otras secciones de la legislación comercial —pasos que, de materializarse, complicarían aún más el panorama para los reclamantes.
Perspectivas y recomendaciones para empresas
Ante este escenario, especialistas legales y asociaciones empresariales aconsejan a las compañías afectadas conservar documentación detallada de pagos aduaneros, evaluar la viabilidad de demandas individuales o colectivas y prepararse para procesos administrativos prolongados. La aparición de nuevos aranceles por vías alternativas no excluye la posibilidad de reclamación por los gravámenes declarados inválidos.