El Tribunal de Cuentas ha emitido una declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2026 que, aunque obtiene una opinión favorable, incorpora varias salvedades y hallazgos que requieren corrección. Entre los puntos más llamativos figura la autorización, en noviembre de 2026, para emplear 2.389,4 millones de euros procedentes de créditos «sobrantes» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados al pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos, una operación que el organismo considera poco bien justificada desde el punto de vista jurídico.
Uso de fondos europeos para obligaciones corrientes
El informe explica que la decisión de recurrir a esos fondos europeos se tomó al entender que no comprometería el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de los recursos europeos.
No obstante, el Tribunal de Cuentas considera que los fundamentos jurídicos deberían haber quedado más documentados y argumentados. El contexto de esta actuación fue la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado específicos para 2026, que obligó a sucesivas modificaciones para atender un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros; esa ampliación hubiera exigido financiación mayoritariamente con deuda pública si no hubiera mediado un comportamiento favorable de los ingresos.
Justificación jurídica y límites del gasto
El Tribunal advierte de la incertidumbre sobre la aplicabilidad, en 2026, de las limitaciones al uso de créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar partidas fuera del servicio al que estaban destinados. En su evaluación recalca la necesidad de que cualquier desviación de destino de fondos comunitarios venga acompañada de un soporte jurídico y contable sólido que permita auditar la operación y evitar dudas sobre la legalidad y la sostenibilidad del gasto público.
La situación financiera de la Seguridad Social
La declaración subraya que la Seguridad Social presenta por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones a 31 de diciembre de 2026, financiado sobre todo mediante préstamos del Estado cuyo saldo acumulado en 2026 alcanza 126.170,2 millones, equivalente al 7,91% del PIB. Este nivel de endeudamiento pone de relieve la necesidad de adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo, con el objetivo último de asegurar el pago de las pensiones.
Riesgos y partidas críticas
Además del patrimonio negativo, el informe señala un déficit estructural en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes en las Mutuas Colaboradoras, cifrado en 2.677,3 millones. El Tribunal también reclama atención sobre la evolución del saldo vivo de la deuda del Estado, que a 31 de diciembre de 2026 se situaba en 1,46 billones de euros, y sobre la necesidad de medidas que reduzcan la dependencia de préstamos para financiar pensiones.
Salvedades contables y recomendaciones
La fiscalización detecta otras incidencias relevantes en la Cuenta General del Estado: una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado por 4.090,3 millones debido a imputaciones temporales incorrectas; una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones; e infravaloraciones de deudores de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por 2.643,9 millones. También se apuntan pagos pendientes de justificación por 1.627,1 millones y dudas sobre la contabilización de intereses de demora de cuotas de la Seguridad Social por 781 millones, además de incertidumbres sobre cobrabilidad por 672,3 millones derivadas de moratorias históricas.
Activos y contingencias específicas
El informe incluye observaciones sobre inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la falta de registro contable de aplicaciones informáticas desarrolladas por la Seguridad Social, y la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías por 371,6 millones. Ante estas irregularidades, el Tribunal sugiere que las Cortes Generales insten al Gobierno a subsanar las salvedades, a revisar plazos de rendición de cuentas y a abordar con urgencia la situación del endeudamiento de la Seguridad Social.
Conclusión y voto
La declaración sobre la Cuenta General del Estado fue aprobada con una opinión favorable pero acompañada de un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos, lo que refleja matices y discrepancias internas. El mensaje del Tribunal de Cuentas es claro: las medidas adoptadas pueden haber evitado un mayor recurso a la deuda pública a corto plazo, pero las decisiones excepcionales —como el uso de créditos europeos sobrantes— requieren una mayor justificación jurídica y contable para preservar la transparencia y la sostenibilidad del gasto público a medio y largo plazo.