Hace exactamente un mes —el viernes 20 de febrero— la caída de un muro de contención de la AP-7 sobre la vía entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida provocó un descarrilamiento en la línea R4 de Rodalies. El choque, que tuvo lugar sobre las 21:23 horas, se saldó con la muerte de un maquinista en prácticas de 27 años y decenas de heridos.
A partir de ese momento se activaron labores urgentes de reparación, inspecciones exhaustivas y una intensa discusión pública sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias.
La gravedad del incidente radicó en que, según el informe preliminar de la CIAF, el conductor apenas contó con cinco segundos y 50 metros para reaccionar, circunstancia que hizo imposible evitar el impacto.
El muro, inclinado en el momento del choque, penetró la cabina y causó la víctima mortal, al tiempo que las investigaciones de Mossos d’Esquadra y Adif intentan aclarar por qué no se detectó el riesgo de colapso.
Intervenciones técnicas y estado actual de la red
Desde el accidente, Adif ha desplegado en el terreno a unos 400 técnicos y operarios, junto a empresas colaboradoras y asistencias técnicas, para llevar a cabo reparaciones de emergencia. Pese a la movilización, permanecen activas 110 limitaciones temporales de velocidad en distintos tramos de la red catalana. En las primeras cuatro semanas se suprimieron 26 de esas restricciones, apenas una quinta parte del total.
Adif asegura que, según la planificación vigente, en abril se habrá eliminado el 90% de las restricciones, aunque el ritmo de trabajo y la complejidad de algunas actuaciones plantean dudas entre usuarios y técnicos. Tras concluir las labores de estabilización inicial se prevén obras de electrificación, modernización de puestos de control y mando, mejora de la senalización y actualización de las instalaciones de seguridad.
Inspecciones y mapa de prioridades
La revisión sistemática emprendida por Adif se traduce en cifras relevantes: se han realizado 690 reconocimientos de trincheras, taludes, túneles y vías en la red catalana. Ese trabajo ha servido para elaborar un mapa con alrededor de cien obras prioritarias distribuidas en 31 tramos. Las líneas con más inspecciones incluyen Barcelona-Manresa-Lleida (183), Barcelona-Vic-Puigcerdà (134), Barcelona-Lleida por Valls (114) y Barcelona-Móra la Nova-Zaragoza (106).
Impacto operativo y medidas para los usuarios
Tras el siniestro de Gelida coincidió otro desprendimiento en la R1 entre Tordera y Maçanet, sin heridos, que obligó a Renfe y Adif a suspender temporalmente todo el servicio de Rodalies en Catalunya para efectuar inspecciones tramo a tramo. La paralización dejó a miles de usuarios sin servicio durante más de 72 horas, y posteriormente la operativa continuó con múltiples incidencias y restricciones por motivos de seguridad.
Para mitigar el perjuicio a los viajeros, el Govern pactó con Renfe un abono gratuito de 10 viajes válido en todas las zonas hasta que la red recupere la normalidad. Además, los maquinistas reclamaron participar en las revisiones y el sindicato SEMAF llegó a convocar paros que finalmente se desconvocaron, tras recordar que habían advertido sobre el riesgo de caída de objetos y árboles durante el temporal que precedió a los hechos.
Reacciones ciudadanas y confianza
La percepción social es de malestar y desconfianza hacia un servicio que miles de ciudadanos utilizan diariamente. Las operaciones condicionadas por seguridad —limitaciones de velocidad y controles puntuales— han agravado la sensación de precariedad y de un problema con raíz sistémica en las infraestructuras.
Dimensión política y promesas de control
El accidente de Gelida rápidamente se trasladó al terreno político. La gestión de la crisis protagonizó apariciones públicas y críticas cruzadas. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, describió la situación de la red como una «normalidad perversa» tras décadas de desatención. Al mismo tiempo, fuerzas independentistas y partidos de la oposición han denunciado la falta de inversión por parte del Estado.
En el plano estatal, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recorrió el 19 de febrero la línea de Rodalies entre El Clot y Granollers y se comprometió, en caso de gobernar, a firmar un contrato para garantizar inversión suficiente, supervisar la ejecución y revisar el avance de las obras cada tres meses con presencia física del ministro de Fomento en Catalunya. Feijóo también aprovechó la visita para recoger quejas de usuarios y prometer medidas destinadas a recuperar la confianza de los 450.000 viajeros diarios.
En paralelo, el alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana, Jaume Collboni, exigió que una vez culminadas las investigaciones se depuren responsabilidades en Adif y Renfe. La mezcla de reclamaciones técnicas, medidas de emergencia y presiones políticas mantiene el foco mediático sobre Rodalies.
La tragedia de Gelida ha dejado una factura técnica y política: trabajos urgentes sobre el terreno, un calendario de obras prioritarias, inspecciones masivas y la promesa de mayor control institucional. Mientras tanto, usuarios y trabajadores siguen pendientes de plazos concretos y de la capacidad de las administraciones para transformar las inspecciones en resultados tangibles.