El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026, recogido en la resolución publicada en el BOE el 11 de marzo de 2026, marca una hoja de ruta clara: centrar esfuerzos en el ámbito digital y en el inmobiliario.
La Agencia Tributaria combinará información automática, inspecciones presenciales y herramientas tecnológicas para localizar rentas y patrimonios no justificados, sin descuidar otros frentes como las falsas residencias fiscales, el fraude en hidrocarburos o la utilización de empresas pantalla.
Controles en el entorno digital
Entre las novedades más relevantes está la disponibilidad de datos con carácter mensual sobre las titularidades de cuentas bancarias y los ingresos procedentes de sistemas de cobro por TPV y pagos asociados a números de teléfono móvil, como Bizum. Estas fuentes permitirán a la Agencia cruzar información fiscal y detectar discrepancias.
Además, la trasposición de la DAC8 ampliará el intercambio automático para incluir productos como el dinero electrónico y las monedas digitales de bancos centrales, alimentando modelos informativos clave que servirán tanto para la asistencia al contribuyente como para la lucha contra el fraude.
Criptoactivos y trazabilidad
La actuación sobre criptoactivos será intensa debido a la opacidad tecnológica y la movilidad transfronteriza de estos instrumentos. La Agencia identifica prácticas que dificultan la identificación de titulares: uso de exchanges en terceros países, wallets no custodiadas y transferencias entre monederos personales. Para contrarrestarlas se emplearán las nuevas obligaciones informativas y herramientas de trazabilidad basadas en blockchain con el objetivo de localizar operaciones significativas y detectar patrimonios o rentas no declaradas.
Neobancos, plataformas y pagos móviles
Otro foco serán los neobancos y las plataformas digitales que operan bajo regímenes transfronterizos: la estrategia persigue evitar el uso de entidades radicadas en otros Estados miembros para ocultar ingresos. La Agencia también fiscalizará los ingresos obtenidos a través de plataformas de compraventa, prestación de servicios profesionales, alquileres y medios de transporte, aprovechando la ampliación de modelos informativos como los recientemente actualizados para tarjetas y entidades de dinero electrónico.
Fiscalización del sector inmobiliario y grandes patrimonios
En el ámbito físico, la novedad más visual será la creación de un mapa de inmuebles que categorice las viviendas por uso y servirá de base para los llamados planes de visitas. Con estas inspecciones in situ la Agencia pretende identificar alquileres residenciales destinados a usos distintos del de vivienda, detectar pisos turísticos no declarados y desmontar artificios en arrendamientos de temporada. El plan incluye un seguimiento específico del sector de la construcción y de la actividad inmobiliaria, sectores donde se detectan riesgos elevados de fraude.
Grandes patrimonios y sociedades instrumentales
Paralelamente, se intensificarán las actuaciones sobre personas físicas con patrimonios relevantes y sobre grandes empresas. Se cuidará de verificar signos externos de riqueza que no concuerden con las rentas declaradas y se perseguirá la utilización abusiva de sociedades instrumentales para eludir el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, la implementación del nuevo tipo mínimo global del 15% para multinacionales refuerza el escrutinio sobre grandes grupos empresariales.
Herramientas operativas y cooperación
El plan incorpora el empleo de inteligencia artificial para perfilar investigaciones y gestionar riesgos de manera más eficiente. La Agencia trabajará con organismos internacionales y especializados, como Europol y Sepblac, en la estrategia follow the money para no perder la pista del dinero electrónico. A nivel operativo, se mejorará el procedimiento de embargo para permitir el embargo telemático de créditos derivados del cobro mediante TPV y usar la información de estos terminales como herramienta preventiva frente a la economía sumergida.
Otras medidas contempladas incluyen la intensificación de la lucha contra el fraude en hidrocarburos mediante mecanismos que garanticen el pago del IVA antes de la salida del depósito fiscal y la mejora de los servicios de información y asistencia al contribuyente, como el desarrollo de herramientas virtuales y la consolidación de la omnicanalidad. En conjunto, el objetivo es combinar acción tecnológica y presencia física para reducir la evasión y cerrar vías de opacidad en la economía.