El Ejecutivo de la Generalitat, dirigido por Salvador Illa (PSC), ha dado luz verde a un suplemento de crédito por 6.000 millones de euros en un consejo ejecutivo extraordinario. La medida persigue sostener el funcionamiento de los servicios públicos y pagar las nóminas sin recortar el gasto ordinario de las conselleries, tras la retirada temporal del proyecto de presupuestos presentada días atrás.
La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, desglosó las cifras: la Generalitat podrá gestionar 5.998,65 millones de euros adicionales, lo que eleva el volumen de gasto previsto para el año a 46.023 millones excluyendo empresas y entidades públicas.
Ese importe contrasta con los 49.162 millones que figuraban en el proyecto inicialmente presentado, y si se integra todo el sector público el perímetro se aproxima a casi 55.000 millones.
Qué permite el suplemento y cuáles son sus límites
El suplemento de crédito funciona como una medida transitoria: garantiza liquidez inmediata para el pago de personal y prestaciones y evita que haya una parálisis administrativa mientras continúan las negociaciones políticas. En términos administrativos, se trata de un recurso que complementa los créditos vigentes sin sustituir a los presupuestos anuales, por lo que no permite reprogramar o ampliar partidas estructurales de forma permanente.
El Govern llevará al Parlament tanto el texto del suplemento como una ley de medidas urgentes en urbanismo, vivienda y simplificación administrativa para su convalidación. La sesión parlamentaria está convocada tras Semana Santa, concretamente entre el 14 y el 15 de abril, donde se evaluará la inyección y los cambios legales asociados antes de que el Ejecutivo intente retomar la negociación completa de las cuentas.
La negociación política: tiempos y concesiones
La decisión de retirar provisionalmente los presupuestos fue parte de un acuerdo con ERC para ganar tiempo y buscar un respaldo amplio. El presidente defendió que la retirada responde a criterios de estabilidad y responsabilidad, con el compromiso de intensificar las conversaciones para aprobar las cuentas antes del verano. En la práctica, esto dará margen para renegociar partidas y ajustar demandas sin forzar un calendario que pueda derivar en una crisis política.
El papel del IRPF y las condiciones de ERC
Uno de los elementos que tensionó las negociaciones fue la reclamación del traspaso del IRPF por parte de ERC. Para desbloquear la situación, las partes acordaron apartar esa exigencia como línea inmediata en la negociación presupuestaria, aunque el compromiso de explorar modificaciones legislativas relacionadas con los acuerdos de investidura permanece sobre la mesa. Ese cambio de enfoque permitió que ERC aceptara trabajar en pos de unos presupuestos que, según el acuerdo, se intentarán aprobar antes de finalizar el periodo de sesiones.
Impactos prácticos y desafíos
En lo inmediato, el suplemento evita cortes en servicios y asegura el pago de salarios a empleados públicos, una preocupación que las patronales y sindicatos habían subrayado en sus valoraciones. La consellera Alícia Romero insistió en que la inyección no debe emplearse para reducir el presupuesto de las conselleries, sino para mantener la continuidad administrativa y dar tiempo para alcanzar un acuerdo político sólido.
Riesgos y plazos
Aunque el suplemento aporta un respiro, hay riesgos: la medida es temporal y no sustituye a unos presupuestos definitivos que articulen políticas a medio plazo. Además, la aprobación final dependerá del apoyo de la mayoría progresista en el Parlament y de la capacidad de PSC, ERC y los Comuns para cerrar acuerdos sobre materias pendientes. La expectativa es que la negociación culminará en verano, pero hasta entonces el Govern deberá compaginar gestión financiera y tácticas políticas.
En conjunto, la maniobra persigue dos objetivos simultáneos: asegurar la operativa pública con un suplemento cercano a 6.000 millones y abrir una nueva ronda de diálogo que permita aprobar unos presupuestos que, según el Ejecutivo, preparen a Cataluña para un contexto internacional incierto y garanticen la protección de las políticas sociales y económicas.