En el contexto de las negociaciones sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo han comenzado a evaluar diversas opciones para su incremento. Según la reciente recomendación de un comité de expertos, se sugiere un aumento del 3,1%, lo que elevaría el SMI a 1.221 euros mensuales, sin que este salario esté sujeto a tributos del IRPF.
Las negociaciones entre los diferentes actores sociales han sido complejas, revelando desacuerdos sobre la tributación del SMI. Por un lado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado su interés en iniciar la tributación. En contraste, su colega Yolanda Díaz se opone, argumentando que debe permanecer exento para no perjudicar a quienes menos ganan.
Propuestas sobre el aumento del SMI
El comité de expertos ha propuesto dos escenarios para el aumento del SMI en 2026. La primera opción consiste en incrementar el salario a 1.221 euros si no se aplica la tributación, lo que representaría un aumento de 37 euros respecto al salario actual.
La segunda opción plantea un incremento mayor, de 1.240 euros, aunque esta última estaría sujeta a impuestos, significando un aumento de 56 euros.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han manifestado su deseo de que el aumento sea aún más significativo, proponiendo un incremento del 7,5%, lo que elevaría el SMI a 1.273 euros al mes.
La postura de la patronal y los sindicatos
Las organizaciones empresariales, representadas por la CEOE, han presentado una postura más conservadora, sugiriendo un aumento del 1,5%, llevando el SMI a 1.202 euros. Esta propuesta ha sido rechazada por los sindicatos, quienes consideran que no refleja adecuadamente las necesidades de los trabajadores afectados por el salario mínimo.
Las implicaciones de la tributación
Uno de los aspectos más discutidos en las negociaciones es si el nuevo SMI estará sujeto a la tributación del IRPF. La falta de un acuerdo claro sobre este tema ha complicado el avance en las conversaciones. La propuesta de Hacienda incluye aumentar la deducción fiscal de 340 a 600 euros para los perceptores del SMI, lo que podría facilitar que el salario mínimo permanezca libre de impuestos en su nuevo valor de 1.221 euros.
No obstante, la CEOE ha criticado la metodología utilizada por el comité de expertos, argumentando que se basa en datos que no reflejan adecuadamente las realidades de todos los sectores laborales, especialmente en áreas como la agricultura y la pesca, donde el impacto del salario mínimo es más significativo.
El futuro del diálogo social
El próximo encuentro de la Mesa de Diálogo Social está previsto para la próxima semana, donde se abordarán las propuestas de aumento del SMI y la tributación asociada. Aunque la intención es alcanzar un acuerdo que beneficie a los trabajadores, la tensión entre los distintos ministerios y las organizaciones sociales continúa.
El resultado de estas negociaciones será crucial para determinar no solo el futuro del SMI, sino también el impacto que tendrá en el bienestar de quienes dependen de este ingreso mínimo. La presión de los sindicatos y la necesidad de una respuesta adecuada por parte del Gobierno son factores que influirán en la eficacia de las decisiones que se tomen en los próximos meses.