El Gobierno ha aprobado una revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) que sitúa su cuantía en 1.221 euros en 14 pagas, equivalente a 1.424 euros en 12 pagas. Esta subida del 3,1% para 2026 vuelve a colocarlo en el centro del debate sobre negociación colectiva, competitividad y sostenibilidad de pequeñas empresas y sectores con salarios más bajos.
Más allá de la cifra nominal, el ajuste provoca una distinta intensidad de impacto según el territorio y la rama de actividad: en 46 provincias el SMI supera el 60% del sueldo medio y en 23 provincias rebasa el 70%.
Estas proporciones son claves para entender por qué la medida genera tanto respaldo social como rechazo empresarial.
Cómo se traduce la subida en números y porcentajes
Con la actualización, el SMI anualizado alcanza 17.094 euros y la retribución por hora calculada en 14 pagas se sitúa alrededor de 9,55 euros.
La fórmula y los porcentajes empleados por el Ministerio de Trabajo se orientan a mantener el poder adquisitivo y acercar el SMI al objetivo recomendado por la Carta Social Europea, que sugiere anclar el suelo salarial en torno al 60% del salario medio neto.
En función del tamaño de la empresa, la incidencia varía: en microempresas (hasta 10 trabajadores) el SMI equivale aproximadamente al 83% del salario medio —que ronda 1.713 euros— y en empresas de 11 a 20 empleados representa cerca del 66% del salario medio, con una retribución media de 2.161 euros según los últimos datos del INE.
Regiones y sectores más afectados
El análisis territorial, usando como referencia las bases de cotización de la Seguridad Social, muestra que en 23 provincias el SMI supera el 70% del sueldo medio. Por ejemplo, en Badajoz ese porcentaje llega al 76% (base media de cotización de 1.878 euros), mientras que en Toledo se sitúa en el 70,2% (base de 2.028 euros).
Sectores que presionan las cuentas
Las ramas con salarios medios más bajos son las que notan el aumento con mayor intensidad. En concreto, el SMI de 2026 supone el 125% de la retribución media en el empleo del hogar (1.138 euros), el 93% en hostelería (1.520 euros), el 87% en agricultura (1.638 euros) y el 85% en actividades administrativas (1.674 euros). Estas cifras hacen que muchos convenios sectoriales y nominas de microempresas deban ajustarse.
Diferencias provinciales
No todas las provincias presentan la misma presión. Solo seis provincias mantienen bases medias por encima del umbral que deja al SMI por debajo del 60%: Barcelona (2.505 euros), Navarra (2.521 euros), Madrid (2.546 euros), Bizkaia (2.693 euros), Álava (2.730 euros) y Gipuzkoa (2.731 euros). En el resto, la relación entre SMI y salario medio es más estrecha y, por tanto, más sensible a la revalorización.
Reacciones sociales y empresariales
Las organizaciones empresariales como CEOE, Cepyme y ATA han criticado que la senda seguida configura una intervención de facto en la fijación de salarios, tradicionalmente materia de negociación entre empresas y sindicatos. Reclaman que la referencia del 60% no refleja la heterogeneidad productiva y territorial del país.
Desde el lado de las asociaciones de autónomos y pymes se alerta del efecto en empleos de baja productividad y muy dependientes de mano de obra, como el trabajo doméstico, la agricultura o el comercio minorista. Lorenzo Amor, entre otros portavoces, advierte que el incremento acumulado del SMI desde 2018 supera el 66% y atribuye a esa subida la pérdida de empleos y empleadores autónomos en determinados segmentos.
Frente a la protesta empresarial, los sindicatos y parte del Gobierno subrayan el impacto redistributivo y la mejora de ingresos para sectores vulnerables. Para mitigar la carga fiscal sobre los asalariados de menor renta, Hacienda amplió la deducción en el IRPF, elevando su cuantía para que el SMI tenga menor peso impositivo en 2026; la medida afecta a las retenciones y a la liquidación anual.
En términos prácticos, la actualización del SMI plantea a empresas y administraciones la necesidad de revisar convenios, negociar mejoras salariales complementarias y diseñar apoyos a microempresas y sectores estacionales. La discusión pública continuará mientras se evalúen los efectos reales sobre empleo, competitividad y economía sumergida.