¿Te has dado cuenta de cómo el panorama político en España se torna cada vez más sombrío? El Ministerio de Hacienda acaba de reconocer que no podrá aprobar los Presupuestos para el año 2025, y esto no es una simple casualidad.
El escándalo del caso Cerdán ha puesto al descubierto la parálisis legislativa del Gobierno, formado por el PSOE y Sumar, mientras sus socios pierden apoyo de manera alarmante. Las investigaciones por presunta corrupción en la concesión de obras públicas han acelerado esta situación, dejando al Ejecutivo en una posición bastante comprometida.
Reconocimiento del Gobierno y sus consecuencias
Después de meses de incertidumbre y negaciones, el Ministerio de Hacienda ha decidido liberar las entregas a cuenta para las comunidades autónomas que había estado reteniendo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque varios gobiernos regionales están enfrentando problemas serios para pagar a sus proveedores por falta de fondos.
Durante la reciente Conferencia de Presidentes en Barcelona, se hizo evidente que esta retención de pagos estaba llevando a una crisis financiera en las comunidades autónomas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado luz verde no solo a los pagos correspondientes al ejercicio 2024, sino que también ha incluido los de 2025.
Esto deja entrever una aceptación tácita de que los Presupuestos para el próximo año no se presentarán. Si esto se confirma, tanto el presidente Sánchez como Montero estarían incumpliendo por segundo año consecutivo el mandato constitucional de presentar las cuentas públicas en el Congreso en el plazo estipulado.
¿Qué significa esto para la gobernabilidad del país?
Complicaciones adicionales y la reforma laboral
La situación política se vuelve aún más compleja con la reciente enmienda presentada por Junts, que frena el recorte de la jornada laboral máxima propuesto por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Este recorte, que había sido una de las reformas clave en la agenda social del Gobierno, enfrenta ahora un futuro incierto. Junts, liderado por Carles Puigdemont, ha presentado una enmienda a la totalidad sin haber logrado el consenso necesario entre los agentes sociales. ¿Estamos ante el principio del fin de esta reforma?
Este movimiento anticipa un probable fracaso de la reforma laboral, a menos que se logre un pacto de última hora. La urgencia por tramitar la reforma en el Congreso ha llevado a extender los plazos de enmiendas, pero los esfuerzos para asegurar apoyos entre los socios del Ejecutivo han resultado insuficientes. La fragilidad de la coalición, acentuada por las investigaciones judiciales en curso, podría llevar a una nueva derrota parlamentaria, lo que sería un duro golpe para el Gobierno. ¿Qué alternativas tienen en este punto?
Otros desarrollos económicos y sociales
En medio de esta crisis política, también se están produciendo otros acontecimientos que marcan la agenda. Por un lado, la empresa encargada de gestionar los servicios de Cercanías en Cataluña ha anunciado que comenzará sus operaciones en 2026. Además, El Corte Inglés ha logrado reducir su deuda por debajo de los 1.800 millones de euros, lo que representa un alivio financiero en el sector retail. Pero no todo son buenas noticias: el Euribor se mantiene por encima del 2,1%, lo que podría complicar el acceso a la financiación para muchos.
Finalmente, la Abogada General de la Unión Europea ha respaldado la macromulta de más de 4.000 millones de euros impuesta a Google, un caso que pone de manifiesto la vigilancia europea sobre las prácticas empresariales de las grandes corporaciones. ¿Estamos ante un nuevo paradigma en la regulación empresarial?
