En julio de 2026, la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó el informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2024 del Consorcio Fernando de los Ríos. La auditoría, encargada de verificar el cumplimiento de la legalidad en ámbitos como financiación, presupuesto de gastos, gestión del personal y contratación, se financió con 3.240.589 euros y concluyó que existen desviaciones importantes respecto a la normativa vigente.
Resultados de la fiscalización del Consorcio Fernando de los Ríos
En el ámbito de la financiación la revisión detectó que varias diputaciones provinciales no formalizaron los convenios exigidos por la Ley de Subvenciones. La Diputación de Granada canalizó su aporte mediante una subvención nominativa sin convenio anual, vulnerando los artículos 22.2.a) y 65 del reglamento. Por su parte, las Diputaciones de Cádiz y Málaga realizaron transferencias corrientes que no se ajustan al mandato estatutario, lo que implica una falta de uniformidad y control en la aportación de recursos.
Deficiencias presupuestarias y de contratación
El presupuesto de gastos del consorcio tampoco cumplió con los requisitos legales: el Programa Operativo Anual (POA) no fue aprobado por el Consejo Rector, según el artículo 11.d), y su elaboración se produjo fuera de los plazos establecidos. Esta ausencia de planificación impidió el seguimiento y la evaluación de los objetivos, vulnerando los principios de transparencia y gestión orientada a resultados recogidos en la Ley 40/2015. Asimismo, se constató un uso incorrecto del contrato menor con errores contables, fraccionamiento indebido y prórrogas no previstas.
Gestión del personal y cumplimiento estatutario
En cuanto a la gestión del personal la auditoría señaló que el régimen jurídico y retributivo del personal del consorcio no se ajusta a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Falta un instrumento de ordenación de puestos de trabajo, vulnerando el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, y no se evidencia la aprobación formal de la estructura organizativa por el Consejo Rector, contraviniendo el artículo 11.b) de los Estatutos.
Irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina
Paralelamente, en Argentina, el exinterventor Alejandro Vilches presentó ante la justicia un informe que denuncia graves anomalías en la gestión de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento revela que, antes de su llegada en agosto de 2025, se realizaron pagos sin licitación a un grupo reducido de proveedores con relaciones familiares y societarias, generando sobreprecios que oscilaron entre el 300 % y el 4.239 % respecto a precios de referencia.
Entre los casos más llamativos, la compra de un andador tuvo una diferencia de precio del 4.239 %, mientras que un sistema de válvulas bicava costó 425 millones de pesos, tres veces más que la adquisición equivalente por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). En total, se identificaron 37 facturas de seis proveedores que suman 18.100 millones de pesos, con evidencia de facturas duplicadas y padrones que incluían personas fallecidas o detenidas.
Reacciones políticas y comparativas de control
En Andalucía, la secretaria general del PSOE, María Jesús Montero utilizó el informe de la Cámara de Cuentas para criticar el «absoluto descontrol» del gasto público bajo el modelo de control financiero permanente. Montero señaló que 37.291 millones de euros pasaron de una modalidad a otra sin la supervisión previa que permite paralizar el gasto, enfatizando que el 80 % corresponde al Servicio Andaluz de Salud (SAS). La vicepresidenta tercera, Carolina España, replicó que el organismo solo detectó defectos formales y no halló desvíos de dinero, recordando que la propia Junta había defendido el cambio al control permanente desde 1993.
Ambos casos ponen de relieve la tensión entre control previo y control permanente en la gestión pública. Mientras la Cámara de Cuentas andaluza subraya la necesidad de aprobar cada programa antes de su ejecución, el gobierno regional defiende que la fiscalización continua permite una supervisión más exhaustiva. En Argentina, la denuncia de Vilches ha impulsado una investigación judicial que podría desembocar en procesos penales contra funcionarios y proveedores involucrados.
