Tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral del 27 de octubre, el senador Flávio Bolsonaro quedó en segunda posición. En medio de disputas sobre el reconocimiento del resultado, el máximo tribunal del país dio un paso inesperado: el magistrado Flávio Dino ordenó a la policía abrir una investigación sobre la financiación extranjera de la campaña del candidato derrotado.
Alcance de la orden judicial
El mandato judicial exige esclarecer el «posible origen, circulación y destino de fondos extranjeros» que hubieran podido influir en la contienda. Además, la instrucción contempla indagar supuestas «manipulaciones» en plataformas digitales, incluyendo alteraciones algorítmicas que favorecieran o perjudicaran a alguno de los aspirantes. La investigación se centrará en determinar si dos empresarios brasileños mantuvieron negociaciones con Rockbridge Network, una organización conservadora con sede en Estados Unidos, para canalizar recursos hacia la campaña de Bolsonaro.
Vínculos económicos y estratégicos
Los investigadores deberán buscar evidencia de un nexo entre la presunta financiación y los intereses económicos ligados a las tierras raras y los minerales críticos del país. Brasil, con reservas que sólo le siguen a China, representa un punto estratégico en la cadena de suministro global de estos recursos. Según la orden, cualquier acuerdo que combine apoyo financiero y beneficios vinculados a la extracción de dichos minerales constituirá un elemento concreto a considerar.
Acusaciones de interferencia externa y reacciones
Durante la campaña, el propio Lula denunció intentos de injerencia por parte del expresidente de EE. UU., Donald Trump, y de la compañía Meta, propietaria de Instagram, WhatsApp y Facebook. Meta rechazó las acusaciones, aunque admitió fallas técnicas que podrían haber afectado la difusión de información. Por su parte, Trump calificó el comicio brasileño como «amañado». Mientras tanto, Flávio Bolsonaro, que aún no reconoce el resultado del balotaje, ha afirmado que defenderá su inocencia ante lo que califica de «aberración judicial».
Rumores de una posible fuga del senador a territorio argentino o estadounidense se han difundido en los medios, pero los organismos migratorios argentinos niegan que haya presentado una solicitud de asilo. En una declaración pública, Bolsonaro aseguró que la justicia le ha prohibido salir del país y que entregará sus pasaportes para enfrentar la investigación.
