La Junta de Andalucía, a través de la consejera de Economía y Hacienda, ha hecho pública su oposición frontal al proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica presentado por la ministra María Jesús Montero. En su intervención parlamentaria, la consejera argumentó que la iniciativa es injusta y carece del consenso territorial necesario, por lo que reclamó su retirada y la apertura de un proceso de diálogo efectivo entre todas las comunidades.
La crítica central se articula sobre dos ejes: por un lado, la percepción de que el diseño prioriza a Cataluña en detrimento de otras comunidades; por otro, la denuncia de falta de transparencia técnica, ya que la documentación detallada de los cálculos todavía no ha sido facilitada a las autonomías.
Argumentos políticos y de procedimiento
Desde la Junta se sostiene que el borrador no es fruto de un acuerdo multilateral, sino de negociaciones bilaterales con fuerzas independentistas, lo que sería un encargo político que limita la participación de las comunidades.
La consejera lo calificó como un ejercicio de deslealtad institucional, al tiempo que rechazó cualquier imposición que modifique la igualdad entre ciudadanos según su lugar de residencia.
Además, la Junta ha denunciado la ausencia de la documentación técnica que respalde las estimaciones presentadas por el Ministerio. Ese déficit informativo, según la administración andaluza, impide un análisis riguroso y convierte el proceso en poco más que una decisión política sin el soporte técnico exigible.
Impacto económico y cifras clave
Sobre la base de estudios independientes citados por la Consejería, como los de la Fundación FEDEA, Andalucía mantendría una posición de desventaja incluso con el nuevo modelo. Según esos cálculos, cada andaluz seguiría recibiendo 143 euros menos por habitante ajustado que la media nacional y 389 euros menos que un catalán. En términos agregados, Andalucía permanecería aproximadamente 1.192 millones de euros por debajo de la media, frente a una posición de Cataluña que quedaría en torno a 1.898 millones de euros por encima.
Reclamación adicional de recursos
La consejera ha puntualizado una demanda concreta: Andalucía reclama que el nuevo sistema reconozca una diferencia adicional cercana a 3.253 millones de euros anuales para equiparar los recursos por habitante ajustado con los de Cataluña, una cifra que contrasta con las estimaciones publicadas por el Gobierno que sitúan una supuesta ganancia mayor para la comunidad andaluza en el primer año.
Fondos controvertidos y fondo de compensación
La Junta ha llamado la atención sobre la inclusión de lo que califica como fondos oscuros en la propuesta del Ejecutivo central, citando expresamente el fondo climático y un mecanismo relativo al IVA de pymes. Según la consejería, estos instrumentos no se reparten con criterios objetivos y concentran una parte importante de los recursos en una sola comunidad, lo que podría suponer un trato preferente a los beneficiarios.
Frente a ello, Andalucía sería remitida a la vía del Fondo de Compensación Interterritorial, que depende de los Presupuestos Generales del Estado. La Junta advierte que esa solución es insegura porque la dotación del fondo está condicionada a unos presupuestos que no han sido aprobados en ejercicios recientes, lo que convierte la propuesta en poco más que una promesa sin músculo financiero.
Autonomía fiscal y riesgos de armonización
Otro aspecto recalcado por la Consejería es la posible afectación a la autonomía fiscal de las comunidades. La imposición de mecanismos de armonización podría limitar la capacidad de Andalucía para aplicar políticas fiscales propias orientadas a reducir la carga tributaria de las familias, lo que desde el Ejecutivo autonómico se interpreta como una forma encubierta de subir impuestos o de restringir la acción política financiera regional.
En su intervención pública, la consejera recordó que la financiación autonómica es, en esencia, la base para garantizar la igualdad real en el acceso a servicios públicos como sanidad, educación y protección social, independientemente del territorio de residencia.
Reacciones políticas y próximos pasos
La oposición y otras fuerzas políticas han mostrado posiciones diversas: algunos grupos acusan al Gobierno central de ceder a presiones políticas para mantenerse en el poder, mientras que otros piden pragmatismo y ponen en valor las cifras que, según el Ministerio, beneficiarían a Andalucía. No obstante, la Junta subraya que el verdadero requisito es un proceso transparente y técnicamente contrastado.
La petición oficial de la Administración andaluza es clara: retirada de la propuesta vigente, entrega completa de la documentación técnica y apertura de un proceso multilateral con participación real de todas las comunidades, para alcanzar un modelo de financiación que garantice la igualdad efectiva entre los ciudadanos y corrija la infrafinanciación acumulada en Andalucía.