En Bruselas se ha planteado una propuesta valenciana para que la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027 cuente con un marco financiero estable y medidas operativas que protejan las rentas agrarias. El conseller Miguel Barrachina ha insistido en que las reglas deben ser homogéneas y sostenidas por un presupuesto europeo, para evitar que la aplicación dependa de la mayor capacidad de gasto de unos estados frente a otros.
La postura valenciana parte de una realidad productiva con fuerte vocación exportadora y necesidades territoriales específicas. En ese sentido, el mensaje principal ha sido que la apertura al comercio exterior es compatible con la defensa del productor si existe estabilidad normativa y arancelaria, lo que permite a agricultores y ganaderos planificar sus explotaciones.
Financiación europea y carácter verdaderamente común
Barrachina ha defendido que una PAC «de verdad común» debe apoyarse en un fondo europeo claro cuyo importe se mantenga o aumente. Esa estructura garantizaría que las mismas reglas aplicadas a todo el territorio europeo no queden desprovistas de recursos, evitando que la protección de los ingresos dependa de aportaciones nacionales puntuales o de la capacidad de cada Estado para movilizar medidas adicionales.
Reglas iguales, presupuesto estable
La propuesta valenciana subraya que las condiciones normativas han de ser uniformes y acompañadas de una dotación presupuestaria que sostenga su aplicación. Esto evitaría una «carrera» entre países para compensar pérdidas con recursos propios y garantizaría que las ayudas lleguen con coherencia a todos los agricultores que cumplan los requisitos.
Reconocer las diferencias territoriales: regadío mediterráneo y estructura agraria
El conseller ha pedido que la PAC post-2027 reconozca expresamente la financiación del regadío en las zonas mediterráneas. La propuesta apunta a que la realidad agrícola no es homogénea en Europa: mientras en amplias zonas se han registrado lluvias intensas, otras áreas costeras de la Comunitat Valenciana, Murcia y territorios dependientes del trasvase Tajo-Segura mantienen necesidades de riego para preservar la producción.
Definición de agricultor activo y superficie cultivada
Asimismo, se reclama una definición de agricultor activo que aporte rigor sin excluir a quienes siguen trabajando la tierra. En la Comunitat Valenciana, donde predominan explotaciones de menor tamaño y el sector envejece, excluir a una porción significativa de productores implicaría perder superficie cultivada y tejido rural. Barrachina advirtió que no puede renunciarse al apoyo a quienes, incluso jubilados, continúan manteniendo parcelas y funcionales labores de conservación del territorio.
Relevo generacional y medidas operativas
El relevo generacional ha sido señalado como prioridad operativa. Según la administración valenciana, ya se han presentado más de 600 proyectos empresariales viables promovidos por jóvenes interesados en incorporarse al sector. Por ello, se han destinado partidas presupuestarias para facilitar la entrada de nuevas generaciones como agricultores y ganaderos, combinando incentivos económicos y acompañamiento técnico.
Al mismo tiempo, se defiende un enfoque inclusivo: los apoyos deben contemplar tanto a jóvenes emprendedores como a quienes mantienen la actividad a pesar de la jubilación, por su papel en la continuidad productiva y en la gestión del territorio.
Acuerdos comerciales y mecanismos de defensa
Respecto a los tratados internacionales, Barrachina reconoció que los convenios de nueva generación incorporan elementos para identificar productos sensibles —citando ejemplos como el cítrico y el arroz—, pero advirtió que el verdadero desafío es la ejecución de las medidas de protección cuando se producen daños en el mercado.
Como caso práctico, se aludió al acuerdo con Sudáfrica y a la falta de invocación de las cláusulas de salvaguarda por parte del Gobierno español en situaciones que afectaron a los productores. Por ello, la Comunitat Valenciana reclama que las salvaguardas dispongan de mecanismos de activación automática al superar umbrales medibles de precio o cantidad, para que la respuesta no dependa exclusivamente de decisiones políticas y llegue con la inmediatez necesaria.
Activación automática y umbrales medibles
La propuesta sugiere que la activación automática de instrumentos de defensa permita respuestas rápidas y objetivas: cuando se superen umbrales técnicos establecidos, las salvaguardas deberían entrar en vigor sin necesidad de pasos adicionales, protegiendo así a productores frente a importaciones que desplazan precios o cantidades de mercado.
Todo ello con el objetivo de asegurar la sostenibilidad económica y territorial del sector agroalimentario.