El Tribunal Supremo de Estados unidos ha dictado una sentencia que limita significativamente la capacidad del presidente para imponer gravámenes comerciales utilizando la IEEPA. Por una mayoría de seis jueces frente a tres, la Corte concluye que esa ley no otorga al Ejecutivo la facultad de fijar aranceles de forma indiscriminada, subrayando que cualquier carga de carácter fiscal requiere una autorización clara del Congreso.
El fallo afecta a buena parte de los gravámenes que se aplicaron globalmente y a las tarifas justificadas por motivos de seguridad nacional, y plantea consecuencias jurídicas, económicas y políticas de calado.
¿Qué dijo la Corte y cuál es su alcance?
La mayoría del Tribunal sostuvo que la Ley de Poderes de Emergencia Internacional, conocida como IEEPA, no puede interpretarse como un permiso tácito para imponer aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. Los jueces explicaron que, aunque la IEEPA autoriza medidas para regular la importación ante amenazas «inusuales y extraordinarias», la autorización expresa del Congreso es necesaria cuando se trata de imponer impuestos o gravámenes que alteran el comercio internacional.
En el texto de la sentencia se puntualiza que la omisión de la palabra «aranceles» en la lista de facultades es significativa y que, históricamente, el Congreso ha procedido de forma explícita cuando ha querido delegar esa potestad.
Impacto económico y pasos siguientes
La resolución tiene consecuencias directas sobre las cuentas públicas y las relaciones comerciales. Una corte inferior deberá decidir ahora sobre posibles devoluciones de aranceles cobrados: las estimaciones públicas sitúan esas sumas en decenas o cientos de miles de millones de dólares. En los mercados la noticia fue inmediata: los índices bursátiles reaccionaron con alzas tras un inicio negativo, y el euro se apreció frente al dólar. Además, la decisión obliga a la Administración a explorar otras herramientas legales para mantener medidas proteccionistas, lo que implica un reajuste técnico y político.
Alternativas legales que baraja la Administración
Fuentes oficiales han señalado algunas vías que podrían activarse para sostener gravámenes con bases distintas a la IEEPA. Entre ellas destacan varias disposiciones del derecho comercial: la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para represalias por prácticas desleales; la sección 232 para gravámenes por razones de seguridad nacional; la sección 122 con aranceles temporales limitados; e incluso la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que contempla tarifas más elevadas. Cada opción conlleva requisitos procesales y riesgos jurídicos distintos, por lo que su aplicación no es automática ni exenta de controversia.
Origen del litigio y recorrido judicial
El conflicto judicial nació cuando empresas y entidades afectadas impugnaron los aranceles ante la Corte de Comercio, que en primera instancia consideró que el Ejecutivo había excedido sus competencias. Tras diversas resoluciones en tribunales inferiores y una apelación, el caso llegó al Tribunal Supremo que dictaminó sobre el fondo: la interpretación de la IEEPA y la constitucionalidad del procedimiento adoptado. El fallo recuerda que el control de poderes entre Ejecutivo y Legislativo es central en el diseño institucional y que la imposición de cargas fiscales debe pasar por el proceso legislativo cuando así lo exige la Constitución.
Reacciones políticas y internacionales
La decisión generó críticas y advertencias desde la Casa Blanca y mensajes de cautela y petición de diálogo desde Bruselas y otras capitales. La Comisión Europea solicitó a Washington una reducción de los aranceles que perturbaron la estabilidad comercial, recordando que empresas y cadenas de suministro dependen de reglas previsibles. Mientras tanto, la Administración señaló que no renuncia a proteger intereses económicos, pero tendrá que adaptarse a los límites marcados por la Corte y, en muchos casos, buscar al Congreso para obtener facultades explícitas.
Conclusión: consecuencias y horizonte
Este fallo del Tribunal Supremo redefine el terreno de juego entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia comercial. Por un lado, reduce la capacidad de actuación unilateral del presidente a través de la IEEPA; por otro, obliga a un proceso más deliberativo si se desean aranceles de alcance amplio. Las empresas, los gobiernos y los mercados deberán seguir de cerca los desarrollos: desde las posibles devoluciones hasta las alternativas normativas que proponga la Administración, pasando por la respuesta del Congreso y las negociaciones internacionales para restablecer certidumbre en el comercio global.