En un esfuerzo por fortalecer el Estado de Bienestar, el Gobierno español ha presentado un ambicioso plan que incluye una prestación universal por crianza de 200 euros mensuales. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, busca beneficiar a todas las familias con hijos menores de 18 años, con el objetivo de reducir la pobreza infantil en el país.
Detalles de la prestación universal por crianza
La propuesta, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, tiene como fin ofrecer un apoyo financiero a las familias con hijos a su cargo. Según declaraciones del ministro Pablo Bustinduy, la intención es implementar esta prestación de forma gradual, garantizando que llegue a cada hogar que lo necesite.
Se espera que esta ayuda no solo alivie la carga económica de las familias, sino que también impulse la democracia y mejore el bienestar social en España.
Impacto esperado en la pobreza infantil
De acuerdo con un estudio realizado por Unicef, la implementación de esta prestación podría reducir la pobreza infantil en un 7.1%, lo que significaría sacar de esta situación a más de 530,000 niños.
Este impacto es crucial, considerando que la pobreza infantil en España se sitúa en niveles alarmantes, con un 28.4% según la última encuesta de condiciones de vida.
El informe destaca que incluso una ayuda de 100 euros mensuales podría ser suficiente para mejorar la vida de 270,000 niños y adolescentes. Por lo tanto, la **prestación universal por crianza** se presenta como una solución viable y necesaria para abordar esta problemática social.
Otros objetivos del plan gubernamental
Además de la prestación por crianza, la estrategia del Gobierno incluye otras metas significativas, como la reducción de la tasa de riesgo de pobreza en un 10%. Se priorizarán medidas que afecten a las familias monoparentales, que son las más vulnerables ante la pobreza. También se busca reducir la brecha salarial de género a un 10%, aumentando la tasa de actividad femenina y disminuyendo los contratos a tiempo parcial.
Inversiones en vivienda y sostenibilidad
Un aspecto destacado del plan es la intención de triplicar la inversión pública en viviendas sociales, con el objetivo de alcanzar un 5% del total de viviendas dedicadas al alquiler social. Esta medida, junto con el impulso a energías renovables y las estrategias contra el cambio climático, subraya un enfoque integral que busca no solo mejorar las condiciones de vida, sino también fomentar una economía sostenible.
El Gobierno también se compromete a digitalizar todos los trámites relacionados con la extranjería, garantizando accesibilidad y simplificación para los ciudadanos. Además, se busca reducir la tasa de abandono escolar temprano, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
Justicia fiscal como pilar fundamental
En el marco de estas iniciativas, se ha discutido la posibilidad de implementar un impuesto sobre grandes fortunas, inspirado en la ‘tasa Zucman’ propuesta por el economista Gabriel Zucman. Esta medida podría generar ingresos significativos, estimados en hasta 5,200 millones de euros anuales, lo que permitiría financiar la prestación universal por crianza y otras políticas sociales.
Pablo Bustinduy ha enfatizado que es esencial contar con una justicia fiscal para abordar la pobreza infantil de manera efectiva. Un sistema tributario más equitativo es fundamental para garantizar que los recursos estén disponibles para quienes más los necesitan, y así, poder transformar la realidad de muchas familias españolas.
La implementación de estas políticas no solo representa un cambio en la forma de abordar la pobreza infantil, sino que también establece un precedente en la lucha por un modelo de Estado más justo y equitativo.