En el marco de un diálogo social que parece no llegar a un acuerdo, las organizaciones empresariales han manifestado su oposición a la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se eleva un 3,1% hasta alcanzar los 1.221 euros al mes.
Este año, la situación se repite por sexto año consecutivo, reflejando un patrón de descontento entre los distintos actores implicados en la negociación.
La subida del SMI fue acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, excluyendo a las patronales, que argumentan que la deducción en el impuesto de sociedades no es suficiente para compensar la carga que representa este incremento.
La nueva cifra representa un aumento acumulado del 66% desde 2018.
Detalles de la nueva revalorización del SMI
La reciente decisión del Gobierno incluye un ajuste que será efectivo de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026, lo que significa que los aproximadamente 2,5 millones de trabajadores afectados verán reflejada esta mejora en su nómina, incluyendo tanto la revalorización como el devengo correspondiente al primer mes del año.
Limitaciones en la absorción del aumento
Un aspecto clave de esta subida salarial es la restricción impuesta a las empresas sobre la posibilidad de absorber dicho aumento mediante complementos salariales o pluses. Esta limitación se implementará a través de un desarrollo reglamentario, evitando así el largo proceso parlamentario. Se espera que la aprobación formal por parte del Consejo de Ministros ocurra en los próximos días, lo que también responde a la necesidad urgente tras la anulación de la prórroga del SMI de 2026 que estaba incluida en un decreto anterior.
Reacción de la patronal y sus argumentos
A pesar de las expectativas iniciales, las organizaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, han expresado su desacuerdo con esta medida, describiendo la propuesta del Gobierno como insuficiente para compensar los costos adicionales que enfrentarán. De hecho, sugirieron un incremento más modesto del 1,5%, alegando que las condiciones presentadas son difíciles de cumplir para muchas empresas.
Además, las patronales han calificado la propuesta de incentivos fiscales como un “trilerismo”, argumentando que se les ha presentado de manera que limita su capacidad de reacción y decisión. La CEOE anunció que su Comité Ejecutivo tomó la decisión de no apoyar la subida del SMI por unanimidad, destacando que no se habían seguido los procesos de consulta adecuados en el marco del diálogo social.
Críticas hacia el manejo del diálogo social
Desde la CEOE y Cepyme, se ha señalado que el Gobierno ha mostrado una falta de respeto hacia el diálogo social al filtrar información a los medios antes de su presentación formal. Esto ha generado un ambiente de desconfianza, con la advertencia de que la negociación colectiva podría verse seriamente comprometida si no se toman en cuenta las preocupaciones de las empresas.
Incentivos fiscales para empresas
El Gobierno ha planteado la posibilidad de ofrecer incentivos fiscales para aquellas empresas que incrementen sus plantillas con salarios superiores al SMI. Sin embargo, la propuesta está sujeta a condiciones que la mayoría de las empresas consideran inalcanzables. Por ejemplo, solo podrán acceder a estas deducciones aquellas empresas cuyos gastos de personal superen el 70% de sus gastos operativos, lo que excluye a muchas pequeñas y medianas empresas.
Además, se ha criticado que la medida no contemple a los autónomos ni a las cooperativas, quienes a menudo enfrentan situaciones financieras más precarias y que podrían beneficiarse enormemente de este tipo de incentivos. La falta de inclusión de entidades en pérdidas, que son las que más necesitan apoyo, ha sido un punto de controversia en el debate.
Con la subida del salario mínimo y la creación de incentivos fiscales en el aire, el futuro de la negociación entre el Gobierno y las organizaciones empresariales continúa siendo incierto. Se espera que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ofrezca más detalles sobre la propuesta en una próxima reunión, mientras que las organizaciones sindicales continúan presionando por un acuerdo que beneficie a los trabajadores.