En un contexto político complejo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno presentará un nuevo modelo de financiación autonómica a principios de 2026. Este anuncio se realizó durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde Montero se reunió con los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas.
La reforma es un tema pendiente desde hace más de diez años y constituye una de las principales demandas de las autonomías. Sin embargo, han recibido el anuncio con escepticismo, debido a la falta de detalles concretos y a las promesas incumplidas del pasado.
La ministra ha reafirmado el compromiso del Gobierno para abordar esta cuestión. En su intervención, mencionó que el nuevo modelo se elaborará de manera integral, en lugar de fragmentarse en partes, como se intentó en 2025 con la variable de población ajustada.
Este enfoque busca facilitar la negociación con las comunidades y asegurar que la reforma sea más efectiva y menos susceptible a divisiones entre las distintas autonomías.
Los hechos
Montero ha destacado que el nuevo sistema se aplicará a las 15 comunidades de régimen común, considerando las particularidades territoriales en su implementación. Este enfoque tiene como objetivo evitar conflictos entre comunidades y garantizar que ninguna autonomía se vea perjudicada por la reforma. Además, la ministra ha señalado que la propuesta incluirá recursos adicionales para que cada comunidad gestione áreas como la sanidad, educación y servicios de dependencia.
Las consecuencias
En un intento de promover el consenso entre diferentes partidos y comunidades, Montero ha enfatizado que el nuevo modelo debe responder a una distribución equitativa de recursos. Se espera que la brecha de financiación entre la comunidad mejor y peor financiada se reduzca, actualmente representando una diferencia de aproximadamente 1.000 euros por habitante entre Cantabria y Murcia. La ministra también ha mencionado la necesidad de crear una red más efectiva entre las comunidades y la Agencia Tributaria, lo que podría implicar la eliminación del sistema de entregas a cuenta, que representa una parte significativa de las transferencias a las autonomías.
Desafíos políticos y perspectivas futuras
El anuncio de Montero se produce en un momento en que el panorama político se ha vuelto más complicado, especialmente tras la ruptura de Junts con el Gobierno. Esto ha llevado a una parálisis legislativa que afecta la capacidad del Congreso para aprobar nuevas medidas. Con las elecciones regionales a la vista, es probable que la ministra de Hacienda deje su puesto para postularse a la presidencia de la Junta de Andalucía, lo que podría complicar aún más el proceso de reforma.
Los consejeros del Partido Popular, que representan a la mayoría de las comunidades, han expresado su escepticismo respecto a las promesas del Gobierno, temiendo que la reforma se incline hacia las demandas de los partidos independentistas, particularmente en lo que respecta a la financiación de Cataluña. Sin embargo, algunos consejeros de comunidades como Cataluña han mostrado una respuesta más positiva, sugiriendo que la propuesta podría alinearse con sus intereses.
Perspectivas económicas y objetivos de déficit
En la misma reunión, Montero comunicó a las comunidades un objetivo de déficit para el periodo 2026-2028, fijándolo en un 0,1% del PIB por año. Esta meta podría resultar en un margen de gasto de aproximadamente 5.500 millones de euros para las autonomías. Sin embargo, el apoyo para esta iniciativa no es unánime, y muchos consejeros del PP han votado en contra, argumentando que el Gobierno debería presentar un nuevo sistema de financiación antes de imponer objetivos de déficit.
El Ministerio de Hacienda ha aumentado la previsión de las entregas a cuenta para el año 2026, que ahora asciende a 157.731 millones de euros, el importe más alto hasta la fecha. Esto se debe a la buena evolución de la economía, lo que puede ofrecer un respiro a las comunidades que han enfrentado desafíos financieros en los últimos años. La combinación de estos elementos sugiere que, aunque la reforma del modelo de financiación es necesaria y urgente, su implementación requerirá un esfuerzo significativo para lograr el consenso entre todas las partes implicadas.