En un contexto de creciente demanda de vivienda, especialmente entre los jóvenes y grupos vulnerables, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha expuesto un enfoque integral para abordar esta problemática. Durante su intervención en el ciclo ‘Soluciones al problema de la vivienda’ de la Cadena SER, subrayó que la solución no debe ser dejada únicamente en manos del sector privado.
Más bien, es crucial que haya una intervención pública activa respaldada por el Gobierno central y la administración autonómica.
Fernández enfatizó que esta colaboración debe reflejarse en los presupuestos de las instituciones, tal como ya se realiza en la Diputación.
El objetivo es no solo construir más viviendas, sino también garantizar que estas sean accesibles para quienes más las necesitan.
Modelo de vivienda y financiación pública
El modelo propuesto por la Diputación se centra en la Vivienda de Protección Oficial (VPO), que debe estar claramente definida y cuyos precios, tanto de alquiler como de venta, deben estar tasados.
Para lograr esto, es fundamental destinar recursos públicos a la construcción de estas viviendas. Recientemente, se aprobó la asignación de casi 70 millones de euros para la creación de 1.182 viviendas en 37 promociones a través de 31 municipios, un paso significativo en el marco del Plan Sevilla 2030.
Apoyo financiero a los ayuntamientos
Fernández explicó que esta iniciativa incluye subvenciones directas a los ayuntamientos y un modelo de préstamos a coste cero que facilita la financiación de los proyectos de vivienda pública. Se prevé que la Diputación financie el 50% de los proyectos de alquiler, con un límite de 350 euros al mes, y aportará 50.000 euros por cada vivienda destinada a la venta, cuyo precio no deberá superar los 115.000 euros.
Urbanismo público y prevención de la especulación
El presidente también abogó por un urbanismo público que complemente al privado, diseñado para evitar la especulación con terrenos. Un ejemplo de este enfoque es el proyecto de desarrollo en Cortijo del Cuarto, donde se propone un uso equilibrado del suelo, priorizando las necesidades sociales. En la capital, se propone que el 50% de las nuevas viviendas sea de protección, lo que se traduce en unas 3.000 viviendas, mientras que se destinarán otras 2.000 a renta libre, contribuyendo así a una urbanización equilibrada.
Colaboración con el sector privado y financiero
Fernández destacó la importancia de la cooperación entre las administraciones públicas y el sector privado, mencionando un acuerdo reciente con CaixaBank. Este protocolo de actuación busca facilitar a los ayuntamientos la financiación necesaria para las promociones de vivienda pública. Este tipo de colaboración es crucial tanto para la construcción de nuevas propiedades como para la subrogación de hipotecas por parte de los compradores.
El presidente también anunció la creación de un modelo propio de financiación para los ayuntamientos, similar a un ICO provincial, que permitirá a las localidades recibir apoyo financiero sin costes adicionales, devolviendo el dinero solo una vez que se concluyan las viviendas.
Educación y sensibilización sobre la vivienda
Además de la financiación, Fernández ha resaltado la necesidad de educar a los alcaldes sobre la importancia de incluir el tema de la vivienda en sus agendas locales. Afirmó que, al igual que se construyen colegios o centros de salud, la construcción de viviendas debe ser una prioridad. Se opone también a la desclasificación de las VPO, argumentando que estas deben mantenerse como tal para asegurar que cumplan su función social.
En su opinión, es vital contar con mecanismos como el tanteo y retracto para que las administraciones puedan recuperar inmuebles y asegurarse de que continúen sirviendo a su propósito. Para acelerar la construcción y reducir costos, Fernández aboga por aprovechar el PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que promueve la industrialización de viviendas.
Equilibrio entre alquiler y venta de VPO
El presidente también defendió que la solución a la crisis de vivienda no debe centrarse únicamente en las VPO en alquiler. Existen oportunidades de combinar diferentes modelos que incluyan tanto alquiler accesible para los más vulnerables como opciones de compra para aquellos jóvenes que desean construir su futuro familiar. Según Fernández, el modelo de VPO en venta ha demostrado ser efectivo y viable.
Fernández enfatizó que esta colaboración debe reflejarse en los presupuestos de las instituciones, tal como ya se realiza en la Diputación. El objetivo es no solo construir más viviendas, sino también garantizar que estas sean accesibles para quienes más las necesitan.0