El reciente decreto nacional DNU 379/2025 ha introducido un cambio significativo en el ámbito de la salud al aprobar el Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA). Este nuevo procedimiento establece un registro específico de mediadores, permitiendo que los pacientes agoten esta instancia optativa antes de recurrir a la justicia.
Esto es especialmente relevante cuando el requerido es una obra social, un agente del seguro de salud o una empresa de medicina prepaga. La implementación de este sistema representa una oportunidad para mejorar el acceso a los derechos sanitarios, aunque también presenta desafíos que deben ser abordados con atención.
Oportunidades de la mediación en salud
Desde la perspectiva de la bioética, PROMESA se alinea con principios fundamentales como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La mediación ofrece un canal más ágil y menos costoso, lo que podría reducir las barreras de acceso y los tiempos procesales.
En situaciones de alta complejidad, donde el tiempo es crucial, un acuerdo temprano a través de la mediación puede permitir que los pacientes inicien su tratamiento en cuestión de días, evitando complicaciones derivadas de dilaciones judiciales.
La especialización de los mediadores en temas de salud representa otro avance notable.
Al contar con mediadores capacitados en bioética y cuestiones jurídicas específicas, se puede traducir de manera más efectiva las necesidades clínicas en soluciones viables. Esto ayuda a equilibrar la asimetría entre los usuarios y los financiadores de servicios de salud, fortaleciendo así la justicia procedimental.
Además, la mediación asegura la confidencialidad y la voluntariedad, protegiendo la autonomía del paciente. Este aspecto es crucial para evitar la exposición pública de situaciones sensibles, lo que podría resultar en estigmatización o discriminación. La intervención del Ministerio de Salud en casos de interés público también puede facilitar la coordinación de soluciones más amplias, como derivaciones a redes de prestadores especializados.
Riesgos y desafíos de la implementación de PROMESA
A pesar de las oportunidades, la implementación de PROMESA no está exenta de riesgos. Uno de los principales problemas radica en los costos asociados, como aranceles de sorteo y gastos de notificación. Aunque el decreto contempla patrocinio gratuito, la disponibilidad real de estos servicios podría ser limitada, excluyendo a los reclamantes más vulnerables. Especialmente aquellos que deben desplazarse desde el interior del país para acceder a mediadores en la capital podrían enfrentar barreras económicas y logísticas significativas.
Además, aunque la mediación debe concluir si se detecta un grave riesgo para la vida o integridad del reclamante, esta previsión puede ser problemática. Depender de que el mediador reconozca el peligro introduce un nivel de incertidumbre que podría comprometer el acceso a derechos fundamentales. La carga de identificar riesgos vitales se desplaza del sistema de salud al mediador, quien puede no tener la formación adecuada para evaluar tales situaciones.
Otro riesgo es que la mediación se convierta en un filtro que retrase la atención en casos urgentes. Si se establece la obligación de intentar mediación antes de buscar amparo judicial, esto podría constituir un obstáculo para acceder a soluciones rápidas. Este escenario pone en riesgo los principios de no maleficencia, ya que podría ocasionar daños a los pacientes por demoras innecesarias.
Propuestas para mitigar riesgos y asegurar la equidad
Para que PROMESA se traduzca en un medio efectivo para mejorar el acceso a la salud, es esencial establecer salvaguardas robustas. Por ejemplo, implementar un «fast track» clínico para prestaciones cuya demora implique riesgo vital es crucial. Esto garantizaría que la mediación no sustituya la tutela judicial de urgencia.
Asimismo, es fundamental la capacitación de mediadores en bioética y derechos del paciente, con recertificación periódica y sistemas de alerta que prevengan acuerdos perjudiciales. De igual manera, la creación de datos abiertos y comparables permitirá auditorías que identifiquen inequidades y orienten políticas públicas adecuadas.
Por último, es esencial establecer criterios mínimos comunes entre las jurisdicciones para evitar disparidades en el acceso a la mediación. La equidad debe ser el principio rector, garantizando que todos los pacientes, sin importar su ubicación, tengan igual acceso a este nuevo mecanismo de resolución de conflictos.
Desde la perspectiva de la bioética, PROMESA se alinea con principios fundamentales como la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La mediación ofrece un canal más ágil y menos costoso, lo que podría reducir las barreras de acceso y los tiempos procesales. En situaciones de alta complejidad, donde el tiempo es crucial, un acuerdo temprano a través de la mediación puede permitir que los pacientes inicien su tratamiento en cuestión de días, evitando complicaciones derivadas de dilaciones judiciales.0
