La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado recientemente un nuevo modelo de financiación autonómica durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este nuevo enfoque se propone responder a las necesidades económicas actuales de las comunidades autónomas, prometiendo un aumento significativo en los recursos disponibles para ellas.
Montero ha destacado que las comunidades autónomas tendrán la opción de adoptar este nuevo modelo o continuar con el sistema vigente. Esta flexibilidad, ya contemplada en la legislación de 2009, permitirá a las regiones decidir cuál opción se ajusta mejor a sus circunstancias particulares.
Detalles del nuevo modelo de financiación
Se estima que el nuevo modelo aportará aproximadamente 20.975 millones de euros adicionales en 2027, en comparación con el sistema actual. Las proyecciones indican que los recursos totales disponibles para las comunidades autónomas alcanzarán alrededor de 224.507 millones de euros en ese año, lo que representa un notable aumento respecto a los 152.484 millones que se liquidaron en 2026.
Voluntariedad en la adopción del modelo
Un aspecto clave del nuevo modelo es que su adopción será completamente voluntaria. Por lo tanto, si alguna comunidad decide permanecer en el sistema actual, tendrá la libertad de hacerlo. Esta decisión permitirá a cada región optar por lo que considere más beneficioso, renunciando así a posibles incrementos de recursos que el nuevo sistema podría ofrecer.
Reuniones técnicas y diálogo con las comunidades
La ministra también ha anunciado que las reuniones técnicas con los gobiernos autonómicos comenzarán pronto. Estos encuentros tienen como objetivo discutir en profundidad los aspectos técnicos del nuevo modelo, permitiendo que cada comunidad exprese sus inquietudes y sugerencias. Montero ha manifestado su disposición para escuchar y negociar, promoviendo un diálogo abierto con todos los actores involucrados.
Compromiso con la equidad y la solidaridad
Un tema central de la propuesta es la creación de un sistema que beneficie a todas las comunidades autónomas, asegurando al mismo tiempo la solidaridad interterritorial. Montero ha enfatizado que las regiones con mayor capacidad tributaria contribuirán al sistema, mientras que aquellas con menores ingresos serán las principales receptoras. Este enfoque busca mantener un equilibrio en la financiación y reducir las disparidades existentes.
En cuanto a la ordinalidad, la ministra ha señalado que este principio no se implementará igual que en modelos anteriores. El enfoque estará centrado en lograr una mayor equidad, buscando disminuir las diferencias en financiación por habitante. Según las proyecciones, estas diferencias se reducirán de 1.500 a 477 euros antes de aplicar la cláusula de statu quo.
Fundamentos y criterios del nuevo modelo
El nuevo modelo de financiación incorpora criterios de reparto actualizados y mejoras metodológicas que se alinean con las prioridades del Gobierno español. Un aspecto notable es la propuesta de una población ajustada que considera variables que responden a retos como la despoblación. Esto implica una estratificación más precisa de los grupos demográficos para asegurar una distribución más equitativa de los recursos.
Además, la capacidad tributaria se verá incrementada, lo que permitirá a las comunidades autónomas tener mayor autonomía fiscal y, por ende, mayores ingresos. Se estima que el aumento en los recursos será casi de 16.000 millones de euros para 2027, facilitando así una mayor independencia a las comunidades en la gestión de sus finanzas.
Nuevos criterios de población ajustada
Para determinar la población ajustada, se han introducido nuevas variables que reflejan con mayor precisión las necesidades de cada comunidad. Por ejemplo, se considera el número de habitantes en edad escolar y la población mayor de 65 años, que impactan significativamente en los servicios de salud y sociales. Estas modificaciones buscan adaptar el modelo a las realidades actuales de cada región, asegurando que los recursos se distribuyan donde más se necesitan.
Montero ha destacado que las comunidades autónomas tendrán la opción de adoptar este nuevo modelo o continuar con el sistema vigente. Esta flexibilidad, ya contemplada en la legislación de 2009, permitirá a las regiones decidir cuál opción se ajusta mejor a sus circunstancias particulares.0