El Gobierno ha presentado un anteproyecto que reordena la respuesta institucional frente a la corrupción, combinando medidas sobre transparencia societaria, contratación pública y recuperación de activos. Entre las novedades figura la exigencia de inscribir en el Registro Mercantil la titularidad y las transmisiones de participaciones en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como la constitución de una agencia independiente que centralice varias funciones de control.
Estas iniciativas buscan cerrar lagunas legales que han permitido ocultar dueños reales y sortear embargos, al tiempo que se introducen herramientas para detectar irregularidades de forma anticipada, incluso con apoyo de inteligencia artificial y nuevas potestades de investigación.
Registro de participaciones: de libro cerrado a base pública
Hasta ahora muchas S.L. podían llevar un libro de socios de acceso limitado que en la práctica solo se consultaba mediante orden judicial o quedaba vacío. El texto propone que ese registro deje de ser un documento interno y pase a constar en el Registro Mercantil, con opciones de inscripción mediante escritura pública o por documento privado firmado electrónicamente con firma cualificada.
La medida persigue dos objetivos: por un lado, identificar con claridad a los titulares reales de las empresas; por otro, impedir que transmisiones no registradas produzcan efectos jurídicos, al declararse nulas. Además, se establece un régimen sancionador para los incumplimientos con el fin de garantizar la eficacia de la norma.
Control de la contratación pública y lista de prohibidos
En el ámbito de la contratación se refuerzan las exigencias para licitaciones de emergencia, compras de pequeña cuantía y encadenamiento de contrataciones con un mismo proveedor. El Gobierno plantea mejorar la publicidad y trazabilidad de los procesos para reducir los espacios propicios a prácticas corruptas.
Registro público de empresas corruptoras
Una de las herramientas más contundentes es la creación de un registro público de empresas condenadas o sancionadas por prácticas corruptas. Esta lista negra sería accesible a la ciudadanía y a los medios, y conllevaría la prohibición de contratar con la Administración, de recibir subvenciones o disfrutar de beneficios fiscales durante un periodo que se amplía hasta 20 años en algunos casos.
Auditorías y límites a donaciones políticas
Paralelamente, el anteproyecto endurece el control sobre los partidos políticos: baja el umbral de donaciones que deben hacerse públicas y obliga a auditorías externas a formaciones que reciban determinada cuantía de fondos públicos. También se duplican las sanciones en caso de ocultación de aportaciones.
Agencia independiente y herramientas de persecución patrimonial
En el centro de la propuesta figura la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública, que integrará funciones de tres organismos previos: la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. La presidencia de la agencia tendrá rango de Secretaría de Estado y su titular será designado con mandato fijo y no renovable para reforzar la independencia.
Entre las nuevas facultades figura la posibilidad de practicar embargos preventivos desde las fases iniciales de la investigación, con el objetivo de preservar bienes y facilitar su recuperación. El texto recoge también la regulación del decomiso de riqueza no justificada, sujeto a las garantías judiciales necesarias y alineado con directrices europeas.
Medidas penales y de recursos
Para dificultar la impunidad, el proyecto contempla endurecer las consecuencias penales y administrativas: aumento de los plazos de inhabilitación para cargos públicos, ampliación de los periodos de prescripción y la limitación de beneficios penitenciarios mientras no se devuelva el dinero malversado.
Evaluación de riesgos y seguimiento
Todas las administraciones deberán elaborar mapas de riesgo que identifiquen vulnerabilidades frente a la corrupción y al fraude, como la dependencia tecnológica o la concentración de proveedores en sectores críticos. Estos mapas servirán de base para diseñar medidas preventivas y protocolos internos que reduzcan la exposición al riesgo.
En conjunto, el paquete de 84 iniciativas que conforman el anteproyecto pretende cubrir todo el ciclo de la corrupción: desde la prevención y detección temprana hasta la sanción y la recuperación de activos, con nuevas herramientas administrativas, sancionadoras y judiciales para cerrar puertas a prácticas ilícitas.